Un informe sobre el avance en la construcción de la política pública para el campesinado colombiano y la ruta de trabajo establecida para garantizar la participación de las comunidades rurales, le pidió el Ministerio Público a los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y del Interior.

En carta que enviaron el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, les expresan a los titulares de ambas carteras su “preocupación” sobre el estado de este proceso, un año después de la promulgación de la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.

“Para la Procuraduría General de la Nación, al igual que la Defensoría del Pueblo resulta necesario que el Gobierno nacional enfoque, especialmente las carteras ministeriales que ustedes dirigen, enfoquen su accionar en el cumplimiento normativo relacionado con la construcción de una política pública para el campesinado colombiano, que garantice la promoción, la protección y el reconocimiento de sus derechos”, dice la misiva.

Los titulares del Ministerio Público pidieron, así mismo, un informe sobre las acciones previstas para el cumplimiento en el inmediato plazo de lo ordenado por Corte Suprema de Justicia en la sentencia STP 2028 de 2018, sobre la identificación de la situación actual de la población campesina y la formulación de planes, programas y políticas públicas que permitan la materialización del derecho fundamental a la igualdad que les asiste.

Procurador y Defensor recordaron que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ya publicó los resultados obtenidos en la Encuesta de Cultura Política y la Encuesta Nacional Agropecuaria, que tuvieron por objeto caracterizar los ciudadanos que se identifican como campesinos, y conocer la situación actual en la que viven, como lo ordenó la sentencia de la corte, atendiendo la definición hecha por una comisión de expertos liderada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

A través de la Directiva 007 del 11 de junio de 2019, la Procuraduría reconoció a los campesinos como sujetos de derechos integrales y de especial protección constitucional, e instó a todas las autoridades a crear planes, programas y/o políticas públicas a favor del efectivo reconocimiento de los derechos de esta población.