Después del asesinato de dos personas de la comunidad indígena algunos cuestionan la efectividad de la fuerza pública

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Después del ataque armado que sufrió la guardia indígena nasa en el norte del Cauca el pasado sábado, una de las preguntas que se hacen los líderes de los pueblos ancestrales es qué tan eficiente es la fuerza pública que está desplegada en la zona.

“Aquí estuvieron inspecciones de Policía, aquí hay tres batallones de alta montaña, aquí están los retenes de la fuerza pública, por aquí patrulla el Ejército Nacional, pero aquí están matando a la gente. En presencia de ellos, pero matan a la gente. ¿Qué es lo que está pasando?”, dijo Feliciano Valencia, senador y líder indígena nasa, durante el sepelio de los dos indígenas asesinados en el ataque.

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La ceremonia se realizó en el municipio de Toribío, en el suroccidente de Colombia, en medio de banderas verdes y rojas, símbolos de los indígenas del Cauca. Hubo actos de la guardia indígena para recordar a las víctimas del atentado, que además dejó más de media docena de heridos.

El pasado sábado hombres con armados atacaron un vehículo en el que se movilizaban miembros de la guardia indígena nasa. Según la información inicial, el ataque provino de disidencias de la extinta guerrilla de las Farc que buscan controlar la zona.

Pocas horas después del ataque, el presidente Iván Duque pidió a las comunidades indígenas que colaboren con las autoridades para encontrar a los responsables. “Se necesita que las comunidades dentro de los resguardos estén colaborando con las autoridades, que ellos también faciliten y pidan el acompañamiento que se requiere para garantizar esa protección”, dijo el presidente.

Las palabras de Duque despertaron un debate histórico de la región: si se debe o no ampliar la militarización en el departamento. En el Cauca hay más de 115 cabildos indígenas que se han opuesto a la presencia de todos los actores armados en sus tierras.

“La discusión de fondo es esa", explica el senador Valencia, tener "una lógica de autoprotección comunitaria con las autoridades, con la guardia indígena, donde participa toda la comunidad y una lógica militarista del Gobierno para responder a los problemas estructurales que tenemos en la comunidad”.

Tanto en los discursos durante el sepelio como en las declaraciones a medios de comunicación, quedó claro que los líderes indígenas del Cauca no ven la militarización como una medida eficiente de seguridad. Piden, en cambio, medidas de “autoprotección comunitaria” para hacerle frente a las amenazas que enfrentan a manos de grupos armados y narcotraficantes.

Jhoe Nilson Sauca, coordinador del programa de defensa de la vida y derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), también cuestiona la efectividad del Ejército. Explica que aún con la militarización que ya hay no se han logrado detener los asesinatos de líderes sociales, campesinos e indígenas. En lo que va corrido de 2019 han sido asesinados cerca de 36 personas en la zona.

“Muchas veces los grupos armados se enfrentan y el Ejército no interviene. Es una mentira que las comunidades indígenas le cortamos el paso a la fuerza pública”, dice. “Hoy en día no entendemos porqué en medio de los controles que tiene la fuerza pública están asesinando indígenas, afros y campesinos”.

El líder narra que muchas veces la fuerza pública organiza controles en las vías con unos cuantos kilómetros de espacio entre cada uno y en esos trechos de camino ocurren asesinatos.

Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acín), comparte el cuestionamiento. “Lo primero que debería hacer el Gobierno es preguntar sobre la efectividad de las unidades móviles (del ejército)” que ya están en el Cauca, “incluso revisar si existen algunos micro casos de corrupción o de omisión que los pueda haber llevado a ser cómplices de lo que está pasando”.

El debate por la militarización del Cauca es antiguo. Deja entrever una disputa histórica por el control del norte del Cauca que obedece a su ubicación geográfica estratégica e inmensas riquezas naturales. Tanto actores legales como ilegales quieren asegurar el control sobre los valles interandinos, las costas del pacífico y cuencas de los grandes ríos de esa región. Los corredores que van desde la cordillera Central hasta el Pacífico, pasando por el sur del Valle y norte del Cauca, son claves para el comercio. Además, en la zona se buscan desarrollar proyectos mineros y petroleros.

En el medio de esos conflictos territoriales están las comunidades indígenas que poseen resguardos gobernados por cabildos autónomos con su propia justicia, autoridades administrativas y guardia indígena. Por décadas los líderes de los pueblos nasa, inga, emberas, totoroes, inganos y guanacos que viven en el departamento han repelido a los actores armados de todo tipo. Temen que la presencia de la fuerza pública los ponga en mayor peligro.

A pesar de los desacuerdos, las comunidades indígenas han aprendido a convivir con el Ejército. En el departamento, dice Valencia, hay al menos unos siete batallones de alta montaña, tres de ellos operan en el norte del Cauca con aproximadamente 13.000 efectivos solamente en esa región.

Entre los municipios de Santander de Quilichao, Corinto y Toribío hay alrededor de seis retenes de la Policía y el Ejército. Esos municipios forman un triángulo en el mapa y es allí donde se está presentando la matanza en este momento. “¿Por qué si está tan militarizada la región, si está tan custodiada, están matando a los indígenas?”, se pregunta Valencia.

Medidas de autoprotección

A lo largo de las décadas del conflicto armado en Colombia, las comunidades indígenas han desarrollado diferentes maneras de proteger su territorio y evitar que actores armados se lo tomen.

En el Cauca, por ejemplo, hacen puestos de control para decomisar armas, alucinógenos u otros artefactos que consideran un riesgo para sus pueblos. Las cargas decomisadas se destruyen frente a las asambleas indígenas y la Defensoría del Pueblo u otros organismos garantes. Cuando se capturan personas, la jurisdicción especial indígena actúa conforme a los establecido según el crimen cometido.

Ese tipo de prácticas fueron reconocidas por el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las Farc. En el capítulo étnico, el Acuerdo prometía fortalecer la guardia y la jurisdicción indígena, entre otras medidas. Ahora que los niveles de violencia en el país han aumentado, los líderes reclaman que se ponga en marcha lo acordado.

“La salida para lograr la armonía y la paz territorial es el cumplimiento del Acuerdo de Paz, que se refiere a la sustitución de cultivos y tiene un capítulo étnico que se refiere al fortalecimiento de la guardia y la jurisdicción indígena, y que a través de ese camino podamos llegar una verdadera paz”, dice Jhoe Sauca.

Las autoridades indígenas del norte del Cauca están analizando la posibilidad de llamar a un paro para exigir una respuesta del Estado. “No nos podemos quedar quietos. Si nos quedamos quietos nos sacan del territorio o nos masacran”, dice Valencia.

Piden que el Estado respete su autonomía, que solucione los problemas estructurales de la región y que la fuerza pública no los ponga en peligro. Entre los problemas estructurales está el abandono estatal, la falta de infraestructura y problemas sociales que se ven acrecentados por el narcotráfico.

“Aquí estamos enfrentados a todo el mundo. A los narcos, a los paramilitares, a los que desertaron de la paz, a la delincuencia organizada que trata de entrar a los territorios. De todas partes salen balas contra nosotros. Pero ya decidimos asumir esto y no vamos a dar el brazo a torcer”, concluye Valencia.