El proyecto que inicialmente creaba una sala especial en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para juzgar a los militares, pero que tras un acuerdo político se modificó para que solo se ampliara en 14 el número de magistrados, tampoco se debatió ayer en la plenaria del Senado, lo que implica la extensión del respectivo certificado de defunción.

A pesar de las reuniones que se llevaron a cabo la semana pasada, esta iniciativa por tiempo no alcanzó a completar su trámite. Quedan menos 40 días para que el Congreso salga a su acostumbrado receso legislativo, tiempo en el que no lograría cumplir con los tres debates que requiere para seguir debatiéndose en marzo, cuando se reanuden las sesiones ordinarias.

Cabe señalar que del mencionado acuerdo político no hicieron parte los congresistas del Polo Democrático, la Lista de la Decencia y el partido Farc.

Mientras Alexander López (Polo) declaró que este es solo el primero de muchos cambios a lo acordado en La Habana, Aida Avella (Decencia) hizo hincapié en que “las victimas que yo represento, y yo, no estamos de acuerdo”, porque “se inicia el desmembramiento del proceso de paz”.

Uno de los artífices del infructuoso acuerdo fue el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, quien manifestó que se trató de dar “un pequeño paso para darle un poquito de justicia y de equidad a los soldados y policías de Colombia, que han constituido una fuerza democrática constitucional”.

El senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, declaró que dicho acuerdo no era perfecto, pero rescataba que había logrado una votación afirmativa para la legitimidad de la JEP.

Con el acuerdo, comentó Petro, se restringía la discusión en los próximos ocho debates por parte de las fuerzas políticas a solamente dos aspectos: la posibilidad de aumentar el número de magistrados y “reafirmar el procedimiento alrededor de la verdad, que es lo que beneficia a las víctimas, dando unas garantías para que no se produzca autoincriminación falsa”.