Más voces de exintegrantes de la Fuerza Pública se sumaron al rechazar la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que consideró un acto de guerra de naturaleza amnistiable el ataque con carro bomba que ejecutó la guerrilla de las Farc en 2006 contra la Escuela Superior de Guerra de Bogotá.

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia (CGA) manifestó ayer que “ve con gran preocupación” esta decisión en primera instancia pues, en opinión de esta asociación, “todos los delitos de lesa humanidad, como los de tipo terrorista, son una violación al Derecho Internacional Humanitario”.

Agregó la CGA que, esta decisión de la JEP también “elimina como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que fueron heridos durante este acto terrorista, lo que consideramos un retroceso en el proceso de verdad, justicia y reparación, al desconocerles sus derechos humanos y los de sus familiares”.

Agregó que, la Escuela Superior de Guerra es una institución de educación superior abierta a miembros de la Fuerza Pública y “particulares que deseen conocer y profundizar en estudios de alta estrategia, seguridad y defensa, entre otros, por lo tanto no puede ser contemplado como un objetivo válido y peor, al estar compartiendo áreas de la Universidad Militar”.

Por ello la CGA invitó a la JEP “a revisar este fallo, medir sus consecuencias, alcances y la jurisprudencia que se genera a futuro”.

Ya el pasado miércoles el Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y la Policía manifestó su rechazo a esta decisión de la JEP, que concedió amnistía a la exguerrillera de las Farc, Marilú Hernández Baquero, conocida como la ‘Mata Hari’, por el atentado a la Escuela Superior de Guerra.

Los reservistas indicaron en un comunicado que “se pretende justificar esta determinación, con el calificativo de ‘acto de guerra’, enmarcándolo sin mayor razón, dentro de los parámetros del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y como consecuencia del conflicto armado experimentado por el país”.

Agregan que, “quienes resultaron heridos como consecuencia de este acto terrorista, deben ser considerados en su totalidad como víctimas del conflicto, por cuanto tal acción no se realizó dentro de las circunstancias propias del combate y, por tanto, no puede ser catalogada como acto legítimo dentro del marco de la confrontación armada”.

La Sala de Amnistía o Indulto de la JEP concluyó que Ramírez Baquero, quien se infiltró como estudiante, fue la encargada de la inteligencia y las comunicaciones de la Red Urbana Antonio Nariño del entonces grupo armado, estructura responsable del ataque ocurrido en la Escuela Superior de Guerra.

La Sala concluyó que se trató de un acto de guerra de naturaleza amnistiable, acaecido en el marco del conflicto armado colombiano, antes del 1 de diciembre de 2016. Por esa razón, le concedió, en primera instancia, el correspondiente beneficio a Ramírez Baquero, quien se encuentra en libertad condicionada por decisión de la justicia ordinaria.

Por su parte, la Procuraduría radicó una apelación ante la JEP contra de la decisión de amnistiar a Ramírez Baquero. Entre sus argumentos, señaló que este atentado es un "crimen de guerra" y no puede ser amnistiable, reseñando que tanto militares como civiles ajenos al conflicto resultaron lesionados.