La Superintendencia de Industria y Comercio impuso medidas cautelares a las entidades Visa y Mastercard, por posibles sobrecostos en pagos internacionales con tarjetas de débito y crédito.

La decisión se dio por una denuncia contra las dos compañías financieras, donde supuestamente estarían haciendo más costoso el modelo de Agente de Retención Local (LCA), con la cual se hacen los cobros y pagos en moneda local, en países como Chile, Argentina, Perú y Colombia. 

"De una parte, habrían enviado cartas y comunicaciones a los bancos en Colombia señalando un posible incumplimiento de sus condiciones de uso al permitir el modelo LCA y amenazando con la imposición de multas periódicas y sucesivas, así como la revocación de las licencias de las tarjetas (pérdida de la franquicia). De otra, estarían solicitando a los bancos que dejen de afiliar a más comercios extranjeros para el funcionamiento del modelo LCA", dijo la SIC.

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La SIC aseguró que  "Visa y Mastercard habrían propuesto a los bancos adquirientes que las transacciones del modelo LCA únicamente puedan ser procesadas a través de dos programas creados por estas franquicias; estos programas permitirían el uso del modelo LCA, pero con la aplicación de tarifas y costos más elevados (similares a las del modelo tradicional de “Cross Border”) y estableciendo restricciones para el procesamiento de pagos a comercios extranjeros hechos por fuera de estos".

También señaló la Superindustria que este sistema se estaría aplicando entre julio y septiembre de este año, "lo que significaría un aumento de las tarifas en las transacciones del modelo LCA que oscilarían entre el 700% y el 1000%, aumentando los precios de los bienes y servicios ofrecidos por comercios electrónicos extranjeros y la exclusión de aquellos comercios que no adhieran a los programas creados por estas franquicias".

Entre los objetivos de la medida cautelar a las entidades, está no imponer algún programa que restrinja la actividad económica de los agentes en Colombia, además de suspender cualquier tipo de comunicación, reclamación o amenaza contra las entidades "que ejercen la actividad de adquirencia en Colombia para evitar que sigan contratando con agentes que ofrecen el modelo LCA en el país"