La Procuraduría General de la Nación advirtió que el matrimonio entre y con personas menores de 18 años vulnera los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, hace parte de las formas de violencias de género, contribuye a la deserción escolar, y perpetúa las desigualdades entre hombres y mujeres.
Así lo sostuvo el Ministerio Público en la audiencia en la que se discutió el Proyecto de Ley 118 de 2020 en la Comisión Primera del Senado, donde hizo un llamado a promover acciones de lucha contra las uniones tempranas por los efectos nocivos en la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el Ministerio Público, este organismo es partidario de la eliminación de la facultad otorgada por el legislador a los menores de edad para contraer matrimonio.
Al respecto, la Procuraduría demandó políticas públicas para que niños, niñas y adolescentes aprovechen cada etapa de su edad y puedan formarse en todas sus dimensiones como seres humanos “sin que la carga del matrimonio les afecte su desarrollo”. De paso, advirtió que la posibilidad legal del matrimonio de menores de edad con autorización de los padres “puede llegar a disfrazar casos de explotación sexual”.
“Eliminar estas normas vulneratorias de derechos humanos en nuestra legislación no solucionan el problema de raíz y comprendemos que el ordenamiento jurídico por sí mismo no transforma realidades y no por no existir la misma vamos a impedir las uniones tempranas, pero sí sería el inicio de una gran labor que debemos emprender por proteger integralmente a la niñez y la adolescencia en Colombia”, insistió el ente de control.
Así mismo, aseguró que es deber del Estado proteger a la infancia y adolescencia de “una práctica que pone en juego los proyectos de vida y que esconde muchas vulneraciones de los derechos humanos”.
La Procuraduría anunció que acompañará el trámite legislativo del proyecto que el procurador Fernando Carrillo Flórez suscribió el pasado 20 de julio y fue radicado por el senador Honorio Henríquez, a la par que hará vigilancia a la implementación de las políticas que deben establecer el Gobierno nacional y las administraciones territoriales para erradicar esta práctica.