Cerca de 3.659 atentados contra la infraestructura petrolera produjeron 4.455 afectaciones no solo a la infraestructura y bienes de la industria, sino también al medio ambiente y la población civil.
Así lo describe un informe elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), El estudio titulado “Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado”, recopila 3.659 acciones armadas como ataques con explosivos, con armas de fuego y quemas de activos; identifica responsables, modalidades de los ataques y sus consecuencias. Así mismo, detalla que esas acciones armadas generaron 4.455 afectaciones.
El informe fue entregado en un foro público al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, con el fin de aportar contenido sobre las actividades de hidrocarburos en el país durante el conflicto.
“Nuestro informe no tiene precedentes en el país y en la Comisión. Es el primero de su tipo recibido por la Comisión y esperamos que nutra su labor explicativa sobre las dinámicas económicas y el conflicto armado. No tiene la pretensión de decirlo todo y estudiar cada una de las afectaciones al sector. Lo que busca es propiciar una conversación necesaria entre la Comisión y el sector empresarial, clave para entender lo que nos pasó y evitar que siga pasando”, afirmó María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP.
Las acciones
El documento de la FIP también revela que durante los años 2000, 2001 y 2013 se llevaron a cabo el mayor número de acciones armadas contra infraestructuras petroleras; casi el 26% del total de atentados ocurridos entre el 1 de mayo de 1986 y el 24 de noviembre de 2016, año en que se cierra el periodo de análisis de la Comisión de la Verdad.
En cuanto a las zonas donde se presentó el mayor número de atentados, el estudio señala que el 76,8% de ellos se concentraron en cinco departamentos: Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Santander.
El informe hace énfasis en las áreas de influencia de los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Trasandino, los más afectados por los ataques. También recoge historias de personas que vivieron atentados en estos oleoductos.
“Las cifras no dan cuenta de la tragedia humana que se desprende de los ataques. No solo por el subregistro de personas afectadas, sino porque no revelan las rupturas en el tejido y las dinámicas sociales”, agregó Llorente.
En cuanto a los responsables, en un apartado del informe se señala que “hay que desmitificar la creencia de que el Eln es el único responsable de los ataques a la infraestructura petrolera. Las Farc también utilizaron esta modalidad de violencia. Cada grupo la usó para ejercer control en sus territorios de influencia o como oportunidad política”.
Sector petrolero
En la entrega del informe, los representantes del sector petrolero y expertos hablaron sobre lo ocurrido durante el conflicto, la necesidad de entender las afectaciones y las oportunidades para prevenir su repetición. Astrid Martínez, investigadora de Fedesarrollo, resaltó que “hay que apuntarle a las causas estructurales que explican los ataques a esta infraestructura, lo que significa fortalecer al Estado”.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol, Alberto Consuegra, afirmó que “la no repetición debe ser un lema para todos, de tal forma que podamos construir la paz que necesitamos para el país”.
Sobre las expectativas frente a la labor de la Comisión y su Informe Final, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), afirmó que “no espero una verdad histórica oficial, que es imposible de alcanzar. Espero que (la Comisión) nos comparta una serie de relatos plurales, dando voz a las víctimas”. Y seguidamente señaló: “esta industria ha sido víctima del conflicto armado”.