La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, el órgano de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las Farc en 2016, cumplió este 15 de enero dos años de funcionamiento. 

Con la presencia de sus magistrados, víctimas, representantes de organizaciones civiles, diplomáticos, representantes estatales, senadores y políticos, la JEP presentó un balance de su segundo año de funcionamiento. El evento se realizó en Fragmentos, la obra elaborada por la artista Doris Salcedo y mujeres víctimas de violencia sexual con las partes fundidas de las casi nueve mil armas entregadas por la otrora guerrilla.

En palabras de la presidenta de la Jurisdicción de Paz, la magistrada Patricia Linares, “han sido 24 meses de un trabajo sin tregua”.

Entre los resultados que deja su segundo año, el órgano judicial resalta la realización de 82 audiencias en diferentes casos, 256 versiones presenciales y 43 versiones escritas de comparecientes. 

Igualmente, durante el 2019, se produjeron aproximadamente 16.500 decisiones judiciales, “todas de la mayor importancia” que, en palabras de Linares, “constituyen precedentes que consolidan una jurisprudencia” que rige y orienta el trabajo de la JEP.

A lo largo de estos dos años, la JEP ha abierto siete macro casos que investigan varios de los hechos más crueles cometidos durante los más de 50 años de conflicto armado en el país y dejaron más de ocho millones de víctimas, como secuestros, ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, reclutamiento infantil, el exterminio de la Unión Patriótica (UP) o graves crímenes en zonas de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca o la subregión del Urabá. 

La Jurisdicción recordó que no indaga casos individuales, sino situaciones sistemáticas, con el fin de lograr justicia para el mayor número de víctimas posible. Estos siete macro casos fueron priorizados dada su envergadura y gravedad.

Otros de los grandes resultados que expuso Linares son la aceptación de responsabilidad de la cúpula de la antigua guerrilla de las Farc en el delito de secuestro; y el cierre del proceso de diseño y aprobación del marco normativo que rige la JEP, la ley estatutaria, el 6 de junio de 2019.

“Son cimientos sólidos, firmes, que nos permiten asegurar que cumpliremos a cabalidad nuestras labores como jueces de transición”, expresó.

Pero también mencionó que hubo “serias dificultades”, como el rearme de los dos excomandantes guerrilleros y negociadores de paz, alias ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’, lo que calificó como una “traición a las víctimas, a la sociedad colombiana y la sociedad internacional”.

El 2019 en cifras

En estos 12 meses, la Jurisdicción de Paz recibió más de 200 informes de organizaciones sociales y de víctimas.

En el caso 01 de la JEP, conocido como secuestro, 350 exintegrantes de la guerrilla han participado en versiones colectivas y 1.709 víctimas se han acreditado, según detalló Julieta Lemaitre, magistrada relatora de este caso. También se han recibido 249 informes de diferentes organizaciones.

En el caso 03, conocido como ejecuciones extrajudiciales, más de 200 integrantes de la fuerza pública han rendido versiones y más de 300 víctimas se han acreditado, informó Óscar Parra, magistrado de la Sala de Reconocimiento. 

Según datos oficiales, al menos 600 terceros y agentes del Estado han solicitado entrar al mecanismo de justicia transicional.

La magistrada Reinere Jaramillo, presidenta de la Sección de Ausencia de primera instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, detalló que se han tramitado más de 18 medidas cautelares en cinco departamentos del país, en los que se presume que hay fosas comunes, como en las zonas de influencia de Hidroituango, Comuna 13 de Medellín y Dabeiba (Antioquia) y San Onofre (Sucre). Jaramillo relató que para llegar a estos resultados, fue indispensable la participación de más de 600 víctimas en diferentes audiencias.

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP ha emitido 3.700 órdenes judiciales y la intervención en siete cementerios del país, con el fin de indagar sobre estos hechos.

Sobre el caso 07, sobre reclutamiento de menores tanto de Farc como de fuerza pública, se ha recibido versión de 32 exmiembros de la ex guerrilla. Se han acreditado 38 víctimas.

El magistrado Pedro Díaz, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, detalló que durante 2019, "916 personas solicitaron sometimiento como terceros u otros agentes del Estado diferentes a miembros de la fuerza pública”.

Según la JEP, al finalizar 2019, 12.235 personas se habían sometido a esta jurisdicción, de los cuales 9.720 son excombatientes, 2.431 de la Fuerza Pública, 72 agentes del Estado y 12 más por protesta social. 

Además, la Sección de Revisión rechazó 52 solicitudes de garantía de no extradición, concedió una y negó otra.

Hasta ahora, la JEP ha expulsado a siete exintegrantes de la guerrilla.

Actualmente, la Jurisdicción está presente en 28 departamentos del país a través de 20 enlaces territoriales y el trabajo de 39 profesionales de atención psicojurídica a víctimas y 32 de atención a comparecientes.