Tanto la Fiscalía como la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, decidieron ayer citar a la cúpula del partido desmovilizado de las Farc, para que rinda declaración ante esas dos instancias con respecto a su confesión de haber perpetrado el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, en noviembre de 1995.

De igual manera, tuvo mucho eco en los sectores políticos y las redes sociales la postura del Gobierno en torno a que parlamentarios como Julián Galló, alias “Carlos Lozada”, quien aceptó haber ejecutado la orden de asesinar al líder conservador, puedan seguir ocupando una curul.

De otro lado el Partido Conservador emitió un comunicado en el que exige mantener y profundizar las líneas de investigación sobre el magnicidio que 25 años después sigue impune, al tiempo que expresó su preocupación en torno a que las revelaciones de las Farc pueden obstaculizar e incluso impedir la continuidad de los procesos que hoy se adelantan sobre este crimen.

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En su primer pronunciamiento, desde que varios excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc se atribuyeran el magnicidio y luego de que el senador Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) admitiera que él ejecutó el plan criminal, la colectividad azul expresó “su preocupación por el hecho de que, tras 25 años de haberse producido el asesinato” las investigaciones “no hayan conducido a la aplicación de la debida justicia”.

Además, el Partido Conservador expresa el temor de que con estas declaraciones “por parte de individuos sujetos a la JEP puedan obstaculizar e incluso impedir la continuidad y conclusión de los procedimientos judiciales (…) o conducir al desconocimiento de los  hallazgos realizados hasta ahora en desarrollo de las investigaciones”.

También, les pide a las autoridades competentes “mantener y profundizar las líneas de investigación y enjuiciamiento actuales hasta satisfacer los derechos de las víctimas, especialmente del doctor Gómez Hurtado”. Es de recordar que con el líder político también fue asesinado su conductor, José Huertas Hastamorir.

La colectividad, así mismo, rechazó “cualquier intento de instrumentalización” de los componentes de Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de la justicia transicional “en beneficio de oscuros intereses y para fines totalmente contrarios a aquellos a los cuales deben servir”.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación y la JEP llamaron, cada una por su cuenta, a rendir declaración al máximo jefe del ahora partido político Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, así como al actual senador Julián Gallo, conocido como Calos Antonio Lozada.

La Fiscalía informó que “continuará con la práctica de pruebas, tendientes a esclarecer los hechos, los autores o partícipes donde falleció el doctor Álvaro Gómez Hurtado y su asistente José Huertas Hastamorir, en consonancia con el principio de colaboración armónica que debe existir entre las instituciones del Estado

Por su parte, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, dijo ayer que esa Jurisdicción “tiene la competencia prevalente y preferente para conocer de los hechos acaecidos antes del primero de diciembre de 2016 que se hayan ocasionado con relación directa o indirecta al conflicto armado colombiano”.

Lozada debe renunciar

Por otra parte, el Gobierno nacional le pidió ayer a la justicia transicional revisar si el senador Julián Gallo puede seguir ocupando curul en la Cámara alta tras confesar que ejecutó el crimen de Gómez Hurtado atendiendo a una orden del secretariado de las Farc.

Según explicó Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, “el Gobierno colombiano, en ejercicio del seguimiento y cumplimiento al acuerdo de paz, le solicita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que de acuerdo con  lo consagrado en la Ley Estatutaria de la misma, se evalúe la compatibilidad del ejercicio del cargo de senador de Julián Gallo, con el reconocimiento que acaba de hacer”, dijo.

En su criterio, no obstante, el Gobierno no tendría que hacer dicha solicitud pues “entendemos que algo tan grave como lo que acaba de reconocer el senador Lozada (Julián Gallo) es que la JEP de inmediato debe aplicar la ley y tomar una decisión sobre esa compatibilidad en la continuidad en el cargo”, afirmó Ceballos.  

Pero el propio Lozada consideró que no tiene “ningún conflicto ético o moral” que le impida continuar en el Legislativo”, y que su único deber es con las víctimas, que merecen saber la verdad”.

Pero otras reacciones se conocieron tras la confesión de Lozada. Desde el Centro Democrático el exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza expresó: “lo dicho, Lozada es quien se echa la culpa del magnicidio de Gómez Hurtado. Los demás convenientemente muertos: ‘Jojoy’, que la ordenó, ‘Tirofijo’, que habría confirmado la orden, y los cuatro guerrilleros que la habrían ejecutado”.

Mientras, la senadora Paloma Valencia dijo que “Farc no ha dicho la verdad y se ha silenciado sobre secuestros, masacres, violaciones y reclutamiento, pero sí se atribuye el magnicidio del doctor Álvaro Gómez; quieren usurpar una investigación”.

Y el senador Ernesto Macías añadió que “integrantes del brazo político Farc, no debieron ir al Congreso antes de pagar por sus crímenes de lesa humanidad. El de La Habana fue el peor acuerdo posible”.

En contraste, por los lados del Partido de la U el senador Roy Barreras señaló “la declaración de Julián Gallo estremeció al país porque la verdad de la guerra es estremecedora. Gracias al acuerdo de paz por vez primera se esclarece un magnicidio. Que el comisionado Ceballos sugiera que salga de la curul es pura ignorancia sobre la Justicia Transicional”.