Análisis del documento que presentó el presidente Iván Duque, en el que se plantea liberar a la Policía de algunas responsabilidades como la de tránsito para ocuparla de reforzar la seguridad urbana

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Una de las promesas del presidente de la República, Iván Duque, fue la de mejorar la seguridad en las grandes ciudades del país.

Con ese propósito, ayer presentó la política de seguridad ciudadana, un amplio documento que marca el rumbo de los próximos cuatro años para reducir los índices de hurtos y homicidios que más afectan a la ciudadanía.

Según se lo dijo a EL NUEVO SIGLO el general (r) Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía Nacional, esta política tiene “cosas muy atinadas. Lo que pasa es que son diferentes aspectos que necesitan un desarrollo paulatino. En ese tema no se debe improvisar. Seguramente el Gobierno debe tener unos protocolos que le permitirán alcanzar el objetivo sin desequilibrar lo que ya existe. Todo lo que contiene el documento es discutible y debatible, pero yo veo que las cosas van por buen rumbo”.

A su turno, el analista en seguridad John Marulanda le indicó a este Diario que “la política se enfoca en lo que es la realidad de la seguridad urbana, cuya responsable es la Policía. Es ella la que debe enfrentar la violencia y garantizar la seguridad ciudadana. Me parece adecuado que saca a las Fuerzas Militares de este problema y se lo entrega todo a la Policía Nacional”.

Más policías en las calles

Uno de los puntos centrales de la política es incrementar el número de policías en las calles. Para ello el Estado se compromete a realizar un plan de ejecución gradual y aplicar ciertas medidas entre las que están: la incorporación de más policías profesionales y auxiliares, y, reducir el número de efectivos en las direcciones administrativas y de tránsito.

Según un documento de la Policía, en la actualidad hay 55 convenios en ejecución con los alcaldes y gobernadores en los que el cuerpo armado presta servicios de tránsito en 239 municipios del país, “al terminar los mismos se proyecta la disponibilidad de 1.701 uniformados para atender las disposiciones del mandato institucional”.

Así mismo, la Policía indica que en 2019 existen 12.711 cargos administrativos de los cuales 7.800 son no aptos para su reubicación, es decir que esta decisión liberaría 4.911 uniformados que llegarían a prestar el servicio de control y vigilancia.

Sin embargo, este cambio al interior de la Policía ya genera polémica. Según el general Gilibert “el tránsito es una de las obligaciones del Policía, pero el tema de la corrupción ha golpeado mucho ese aspecto en muchos países. Aquí se está hablando de desmontar la policía de tránsito. Eso se ha hecho, pero lo que yo no creo es que desmontar las especialidades sea la solución para cubrir las necesidades del país. Yo creo que necesitamos un personal más capacitado y mayor tecnología”.

Sobre este aspecto, Marulanda estuvo “totalmente de acuerdo con que los alcaldes asuman la responsabilidad de implementar la policía de tránsito. Eso se ha aplicado anteriormente en las Fuerzas Militares, cuando en ocasiones apretadas todos los funcionarios administrativos han debido salir a aspectos operacionales de apoyo y se ha recargado a otra gente para que asuma esas funciones. Eso es lo que se busca con la Policía para incrementar el pie de fuerza. Debe haber más policías en la calle cumpliendo su función natural y menos en la parte administrativa, sin desconocer que por cada hombre operando se necesita uno en la parte administrativa”.

Desarme general

En la política de seguridad presentada por el Gobierno también se le apunta a un desarme general. El documento indica que las estadísticas registran que un número muy grande de delitos se ejecutan con el uso de armas de fuego y de armas blancas, y aclara que las armas “no son un derecho por lo que se buscará el desarme y no la compra del armamento dando total prevalencia al monopolio de las armas y al carácter excepcional que tiene el acceso a las mismas por parte de particulares”.

Así mismo el documento indica que se perseguirá el porte de armas blancas por lo que se necesita un mayor control de la Policía e iniciativa legislativa para regularlas. Según conoció EL NUEVO SIGLO, el Ministerio del Interior prepara un proyecto de ley, que presentará en marzo, para regular las armas blancas teniendo en cuenta que muchos de estos elementos son usados también como herramientas de trabajo.

Según estadísticas del Centro de Análisis Criminal, durante 2018 se registraron 86.969 víctimas atacadas con arma de fuego, mientras que en 2019, hasta ahora, se han registrado 64.608 víctimas. El total de homicidios con arma de fuego, por ejemplo, fueron 8.718, es decir el 73% del total de homicidios registrados. Así mismo, las autoridades indican que el 48% de los delitos cometidos en el país se realiza con arma blanca.

Al respecto, Gilibert advirtió que “la idea general sería lograr el desarme total, que el uso de las armas no lo tenga sino la Fuerza Pública, que nadie más ande armado. Pero las armas de fuego son más fáciles de controlar que las armas blancas, porque estas últimas se convierten en muchos momentos en herramientas de trabajo y eso dificulta su control”.

Marulanda, en cambio, expresó que “no estoy de acuerdo con el desarme general, porque si aquí funcionaran los controles no tendríamos tanto bandido armado cometiendo delitos. Yo creo que armar a la población civil con una reglamentación severa, una auditoría permanente y unas condiciones suficientes puede ayudar como disuasivo ante los delincuentes que saben que no siempre hay un civil inerme para abusar de él sino con una persona armada. Desarmar la población civil no es adecuado en estos momentos”.

Adicional a las políticas contenidas en el documento, el Ministerio del Interior prepara un proyecto de ley de reforma del Código de Procedimiento Penal planteando que el hurto sea judicializado con menores montos, bajando la cuantía de $8 millones a $1,2 millones.

Fuentes del Ministerio explicaron que “la propuesta lo que busca es bajar la cuantía por la que se judicializa a una persona hoy en día. Actualmente es de $8 millones. Por un monto inferior se aplican ciertos beneficios y el delito termina siendo excarcelable. Lo que queremos es que por robos de celulares, bicicletas, motos, portátiles se pueda judicializar de manera efectiva a los criminales”.

La misma fuente precisó que “estamos mirando que cuando el delincuente sea atrapado tenga la posibilidad de devolver el objeto hurtado o pagar una indemnización. Igualmente queremos implementar una pena de trabajo social, lo que permitiría no contribuir a la congestión carcelaria”. Dicho proyecto se está estudiando y aún no ha sido presentado.