Por la posible existencia de conflicto de intereses la Procuraduría abrió investigación al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. 

El mandatario local está en la mira del Ministerio Público por haber firmado un decreto que modificaba un proyecto de renovación que habría beneficiado a dos aportantes de su campaña.

Se trata del Plan de renovación urbana Proscenio que se hará en el barrio La Cabrera. 

En enero pasado, la Defensoría del Pueblo le envió una carta a la Alcaldía en la que le pide que revoque el decreto 674 del 22 de noviembre de 2018 por “inconsistencias de procedimiento” en ese documento. Esa decisión, por los tiempos de ley, deberá darse antes del 17 de marzo.

Tras esa comunicación, la Alcaldía pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría emitir un pronunciamiento sobre si existe una causal de impedimento si el Alcalde cumple con la orden que le hace la Defensoría del Pueblo.

La polémica se originó por una denuncia que hizo el periodista Daniel Coronell, quien en su columna de opinión manifestó que Peñalosa firmó el decreto que valorizaba en más de 200 millones el negocio de Proscenio, un plan de desarrollo urbano, promovido por las compañías constructoras Amarilo SAS y Arpro, esta última de propiedad del grupo Neme. Las tres fueron aportantes de la campaña a la Alcaldía de Peñalosa por montos que van entre los 20 mil millones y los 47 mil millones de pesos.