En una extensa plenaria que se llevó a cabo el día de ayer en el Concejo de Bogotá, todas las bancadas que están representadas en el Cabildo Distrital citaron debates de control político sobre el abuso de la Fuerza Pública, de cara a los hechos que tuvieron lugar en Bogotá del 9 al 11 de septiembre.
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Ahora, aunque varios partidos como Colombia Justa y Libres, el Partido Conservador, Colombia Humana-UP-MAIS, la Alianza Verde, La U y MIRA, deberán hacer su debate en la próxima plenaria (fecha por definir), ¿cuál fue la intención general de los concejales de Bogotá al citar esta serie de debates sobre un mismo tema? ¿Hay dudas sin resolver?
De acuerdo con el concejal del Polo, Carlos Carrillo, “desde la izquierda nosotros somos profundamente críticos de estos abusos, pues cuando uno entrega el monopolio de la fuerza, eso implica una mayor responsabilidad y debe estar en manos de funcionarios que respondan de la mejor manera a ese encargo que se les ha hecho de custodiar ese monopolio. Entonces cuando hay excesos, hay que buscar medidas para que eso no suceda”, le dijo a EL NUEVO SIGLO Carrillo, quien también se refirió a la necesidad de evaluar la forma en la que el Gobierno distrital asumió los disturbios.
“A título personal, yo reconozco que la Alcaldesa asume que hubo una falla y reconoce el error, pero envía mensajes contradictorios porque, mientras por un lado coge a la Policía y se la echa a los lobos, para echarse aplausos, por el otro no dice con claridad que ella estuvo en el PMU. Ella estuvo allí y sabía perfectamente qué estaba pasando. La Cúpula no la desobedeció, y suelta como si no fuera nada, que militarizó la ciudad el 9S para cuidar los patios de Transmilenio, una contradicción total con lo que dijo en campaña”, finalizó diciendo el Concejal del Polo.
Un problema de articulación
Por su parte, de acuerdo con el concejal de Cambio Radical, Yefer Vega, el debate de hoy debe arrojar a los responsables políticos de los hechos del 9 al 11 de septiembre y debe también dejar claridad frente a la relación que hay entre la Policía y la Alcaldía, pues de acuerdo con él, aún no es clara y esa desarticulación es algo en lo que se tiene que trabajar.
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“Recordemos que la Alcaldesa había manifestado que la habían desobedecido y hoy tenemos evidencia de que eso no era tan cierto como lo manifestó en sus redes sociales. Es una irresponsabilidad señalar de manera generalizada a toda una institución lesionando la moral de quienes la conforman y yo creo que eso es algo que no debemos permitir que se repita”, le dijo a este Diario el concejal Vega, quien dijo que el Concejo exigió un informe forense serio que indique de dónde salieron las balas que asesinaron a las personas que fallecieron.
“Yo creo que eso nos daría un punto de partida para saber si tenemos células del ELN, rezagos de las Farc o grupos criminales que están actuando en el marco del micro tráfico en Bogotá que querían que se generaran esos desmanes”, finalizó diciéndole a este Medio el concejal Vega.
A este respecto, coincidió el vocero del Centro Democrático, Jorge Colmenares, quien le dijo a EL NUEVO SIGLO que el Partido reitera el respeto hacia la protesta social, un derecho constitucional que tienen todos los colombianos de manifestar sus inconformidades de manera pacífica.
“Pero con este debate queríamos poner en evidencia la falta de coordinación que hay entre las secretarías de Gobierno, de Seguridad y la Alcaldesa, quien por un lado mencionaba que ella no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero por el otro dijo que conoció el minuto a minuto de las manifestaciones. También queríamos poner en evidencia que hubo actos vandálicos que mancharon las manifestaciones y solicitamos coordinación tanto a los secretarios, la Alcaldesa y una coordinación con el Gobierno nacional”, le dijo a este Diario el Concejal del Centro Democrático.
Finalmente, el movimiento de Bogotá para la Gente expresó que se deben repensar los espacios más cercanos al ciudadano, implementando una estructura con enfoque comunitario compuesto por unidades de Policía de Vigilancia, representantes de alcaldías locales y un representante delegado de la comunidad.
Señalaron, que además se debe dar una reforma a la institución entendiendo que es un problema a gran escala. Finalmente, el Partido llamó la atención sobre un hecho: el Taser es catalogada como no letal, pero según Amnistía Internacional entre 2001 y 2012 al menos 500 personas murieron en EU a causa de esta arma, por lo cual hay que reconsiderar su uso.