Ante los anuncios de la Cancillería sobre la modernización de la plataforma tecnológica para optimizar el servicio de entrega de pasaportes, la Procuraduría instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a proporcionar detalles sobre la implementación, el uso y las modificaciones del nuevo sistema.
Los requerimientos del ente de control surgen ante la preocupación de que el servicio a los usuarios pueda colapsar mientras se adapta a esos cambios, por lo que insistió en que se informe, claramente, si el sistema será una actualización del que ya existe o si se trata de un nuevo desarrollo tecnológico a aplicar.
Las preguntas también surgen en torno al origen del operador por lo que solicitó especificar si la plataforma estará a cargo de un tercero o si será manejado por personal del Ministerio.
Asimismo, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública demandó información sobre el presupuesto apropiado y que la Cancillería detalle los cambios prioritarios que traerá la nueva plataforma para mejorar la calidad del servicio sobre todo en el agendamiento de citas y la seguridad digital para impedir la captura de un gran número de citas por parte de “tramitadores privados” o intermediarios informales.
Por último, el ente de control pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores allegar el plan de acción para el desarrollo e implementación del nuevo sistema incluyendo el cronograma proyectado y ejecutado a la fecha.
Investigan posible corrupción
Ante las múltiples quejas de la ciudadanía de tener que acudir a tramitadores para alcanzar una cita en la entrega de pasaportes, la procuradora, Margarita Cabello Blanco, advirtió que se harán indagaciones para verificar la realidad de estos posibles focos de corrupción.
Tras una mesa de trabajo convocada por el Ministerio Público y que contó con la participación del canciller, Luis Gilberto Murillo y el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, la jefa del Ministerio Público reiteró los reclamos sobre el dolor de cabeza en el que se ha convertido el agendamiento de citas, el acecho de tramitadores, las largas filas y el límite de tiempo al que se ven sometidos los usuarios.