Más allá del hecho político que llevó a la salida del Ministro de Defensa, lo que el país debe entender es que la confrontación armada continúa, con actores nuevos y viejos, distintas denominaciones pero iguales consecuencias funestas para los civiles, especialmente con el reclutamiento forzado de menores de edad

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La guerra continúa. Esa es una realidad en Colombia. Por más que el pacto firmado con las Farc, a finales de 2016, fuera bautizado como “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera​”, lo cierto es que la confrontación armada, entendida esta como el hecho concreto de grupos armados ilegales que atacan militarmente a la Fuerza Pública y la población civil, no ha cesado.

Y no lo hizo por razones que ya todo el país conoce y que se traen constantemente a colación cada vez que se ponen sobre la mesa las falencias del proceso de negociación adelantado por el gobierno Santos: solo una parte del grueso de las Farc se desmovilizó y varios de sus contingentes se quedaron en la insurgencia; la guerrilla del Eln sigue operando en muchos lugares del país; las antiguas facciones paramilitares –que en un comienzo fueron denominadas “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (Bacrim) y ahora son los grupos armados organizados (GAO)– han expandido su accionar criminal, con el ‘Clan del Golfo’ a la cabeza, que pese a recibir múltiples golpes de las autoridades se continúa desdoblando en muchos departamentos, constituyéndose en la principal amenaza a la seguridad urbana y rural; varias organizaciones narcotraficantes colombianas, de viejo y nuevo cuño, incluso lideradas por excapos o exparas que regresaron de Estados Unidos o salieron ya de la cárcel aquí en Colombia, se aliaron con los carteles mexicanos para entrar a competir, a sangre y fuego, por el dominio de los narcocultivos y las rutas de tráfico de drogas en las áreas dejadas libres por las facciones de las Farc que sí se desmovilizaron y desarmaron; muchas organizaciones dedicadas a la minería criminal, el contrabando, la tala de árboles y otras actividades de amplio espectro, se aliaron o fueron absorbidas por esas bandas, los guerrilleros no desmovilizados de las Farc o del Eln; a medida que fueron pasando los meses, después de la firma del acuerdo de paz, empezó a crecer el número de desmovilizados que poco a poco volvieron a la ilegalidad, siendo bautizados inicialmente como “disidencias”; la unión de estas con los grupos que nunca se sometieron al proceso habanero se fue consolidando en los últimos meses, al punto que hoy tienen como uno de los cabecillas más visibles a alias ‘Iván Márquez’, el exjefe negociador subversivo en La Habana, y contarían con más de 3.200 hombres-arma; como si fuera poco, estos nuevos bloques han planteado una alianza con el Eln, con el fin de seguir atacando a la Fuerza Pública colombiana, con el agravante de que utilizan el territorio venezolano como retaguardia estratégica, ya que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro es su cómplice…

Los nuevos actores

Todo lo anterior evidencia que la guerra continúa. Esa es una realidad que va más allá de la postura política e ideológica del gobierno Duque de considerar que ya no existe conflicto armado en Colombia y, por ende, no es procedente reconocerle a ningún grupo armado la posibilidad de estatus político. Una realidad que se evidencia también en el hecho de que para las autoridades ya no hay guerrillas como tales ni facciones neoparamilitares, sino que se trata de grupos armados delincuenciales.

Esto quiere decir, entonces, que ya no se consideran subversivos a los no desmovilizados de las Farc como tampoco a los desmovilizados reincidentes. Los subversivos eran los que se desarmaron y nada más. En el caso del ‘Clan del Golfo’, que se ha tratado de presentar al país como “Autodefensas Unidas Gaitanistas”, tampoco se considera que puedan acceder algún día al estatus político de sediciosos. Pasa igual con ‘Los Pelusos’, del antiguo Epl, que no son considerados guerrilleros…

Es más, frente al Eln, si bien se continúa considerando una guerrilla en el término clásico de su definición y, por ende, con estatus político, esa circunstancia tiene poco o nulo alcance para un gobierno que no tiene pensando abrir proceso de paz alguno con esa organización. Incluso, la Casa de Nariño, tras la ruptura del proceso de paz al comienzo de este año tras el cruento atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander, ha enfilado su estrategia jurídica, política e incluso diplomática para tacharlos como organización típicamente terrorista y bajo esa denominación es que está pidiendo a Cuba que extradite a varios de los exnegociadores subversivos.

¿Cuál, entonces, es la nueva clasificación o denominación de los actores de la guerra en Colombia? La única facción guerrillera, al menos en el papel, continúa siendo el Eln, con la excepción ya anotada. Frente al resto hay dos categorizaciones.

De un lado están los GAO, que según la Ley 1908 de julio de 2018, son “aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Se trata, según dicha norma, de grupos que: (i) ejercen violencia armada contra la Fuerza Pública, las instituciones estatales, la población civil u otros grupos armados; (ii) tienen capacidad de generar un nivel de violencia armada que supera el de los disturbios y tensiones internas; y (iii) tienen una organización y un mando que ejerce dirección sobre sus miembros. Aquí entran las disidencias de las Farc, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pelusos’, ‘Los Puntilleros’ y otras organizaciones que portan fusiles de largo alcance, tienen campamentos, poder de fuego militar y representan una amenaza tan grave que la respuesta policial no es suficiente y, por tanto, deben ser las Fuerzas Militares las encargadas de combatirlas, incluso utilizando bombardeos y artillería pesada.

La otra categoría son los grupos delictivos organizados (GDO), que están compuestos por tres o más personas que actúan concertadamente “con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

Las organizaciones criminales también se subdividen en A y B, que son aquellas que tienen impacto nacional y/o ejecutan actividades, como el narcotráfico, a través de las cuales alcanzan un nivel importante de poder económico. Pueden ser combatidas por fuerzas policiales y, en casos puntuales, por las Fuerzas Militares.

Por último están los grupos de delincuencia común organizada, que son aquellos que delinquen en el ámbito local, generando un impacto sobre la seguridad ciudadana. Son combatidos primordialmente por la Policía.

País conmocionado  

Establecido, entonces, que seguimos en medio de una confrontación armada, con actores nuevos y viejos (aunque en un escenario medianamente distinto al que existía cuando las Farc eran la principal amenaza), lamentablemente las consecuencias de la guerra continúan dándose, sobre todo frente a la afectación y victimización de la población civil.

La racha de asesinatos de líderes sociales en los últimos dos años; los ataques armados a las comunidades indígenas y campesinas en distintas regiones; la explosión de narcocultivos, que se quintuplicaron entre 2013 y 2018, hasta llegar a las 200.000 hectáreas, tendencia que solo este año se pudo frenar; la escalada de crímenes contra desmovilizados de las Farc; el reciclaje de la extorsión y el secuestro en ciertas zonas a manos de los GAO y el Eln; el repunte de hostigamientos a la Fuerza Pública y actos de terrorismo; la violencia contra candidatos y partidos en la recién acabada campaña electoral… Todos ellos son síntomas de esa nueva guerra.

Otro más, lamentablemente, es el reclutamiento de menores por parte de los GAO. Un flagelo que se venía advirtiendo desde hace dos años, con múltiples denuncias y alertas tempranas, pero que solo esta semana impactó al país en forma sustancial, cuando el senador Roy Barreras, en el debate de moción de censura contra el ahora exministro de Defensa, Guillermo Botero, denunció que el pasado 28 de agosto, en zona rural de San Vicente del Caguán, las Fuerzas Militares bombardearon un campamento del cabecilla de las disidencias alias ‘Cucho’. El reporte inicial de la acción, anunciada en su momento por el propio presidente Iván Duque, fue de 14 abatidos, incluso el señalado jefe.

Sin embargo, Barreras reveló que entre los abatidos hubo ocho menores de edad, entre ellos una niña de escasos 12 años. Como era apenas obvio, la noticia produjo un remezón nacional y generó varios interrogantes ¿Le fue informado, en su momento, al presidente Duque, que inicialmente ponderó el operativo, de las muertes de los niños y jóvenes? ¿Sabía el Ministro de Defensa o, como lo reiteró esta semana, sólo se enteró en el debate, ya que la información de los abatidos estaba bajo reserva sumarial de la Fiscalía? ¿Los mandos militares que realizaron el bombardeo sabían de la presencia de los menores en el campamento? ¿No hubo operaciones de Inteligencia previa que permitieran detectar a los menores y, por ende, acorde con los protocolos, abortar el bombardeo, ya que los niños se consideran víctimas y no victimarios? ¿Acaso la Defensoría del Pueblo y un personero municipal de la zona no habían denunciado semanas y meses atrás del reclutamiento forzado de menores por parte de esta facción de las disidencias?...

Lo cierto es que el tema escaló a tal punto, no solo que 67 senadores se mostraron a favor de votar la moción de censura contra Botero, sino que este se vio forzado a renunciar apenas un día después de la denuncia, en tanto la Procuraduría y la Fiscalía abrieron sendas pesquisas al respecto, por lo que Botero y la cúpula castrense serán llamados a declarar. Corresponderá a los entes de control establecer las responsabilidades en los altos funcionarios, en tanto se anuncian demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta en la propia Corte Penal Internacional.

Lo que no se puede perder de vista, eso sí, es que la culpabilidad primaria de la muerte de los ocho menores es de las disidencias de las Farc, ya que fue ese grupo el que los reclutó a la fuerza, tal como se evidencia de los dramáticos e impactantes relatos esta semana de los familiares de los menores.

“Dicho bombardeo ocurrió en agosto de este año, y hemos recibido información sobre la presencia de niños y niñas en el campamento, que habrían sido reclutados forzosamente a menos de un mes y medio de que ocurrieran los hechos”, dijo el viernes Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.

También debe quedar claro que los cuestionamientos no se hacen contra la acción misma del bombardeo, ya que se escucharon algunas voces sugiriendo que si se trataba de un GAO y no de una “fuerza militar beligerante” típica y obligada a sujetarse al Derecho Internacional Humanitario, el Estado no podía proceder a utilizar una estrategia militar de alta intensidad como un ataque aéreo. Como ya se dijo, los GAO, por el nivel de amenaza que representan y la capacidad de daño que pueden causar, pueden ser combatidos militarmente. Otra cosa será establecer por qué no se detectó a tiempo la presencia de los menores en el campamento, ya que el propio Botero y la cúpula militar indicaron que se haberlo sabido no se hubiera procedido en esa forma.

Flagelo de nunca acabar

Sin embargo hay que ser realistas: lamentablemente este caso de los ocho menores muertos en el Caquetá, por más impactante que sea y haya cobrado la cabeza del Ministro de Defensa, no es nuevo ni único.

Desde el mismo momento en que se empezó a denunciar que facciones de las Farc no se habían sometido al proceso de paz en el gobierno Santos, empezaron a multiplicarse los casos de nuevos reclutamientos forzados de menores en zonas en donde estaban esos grupos. Las propias autoridades indicaron, también, que tanto esos grupos disidentes como el Eln, el ‘Clan del Golfo’ y estructuras típicamente narcotraficantes estaban en una campaña de ‘enrolamiento’ de personal desaforada, sobre todo para tratar de conseguir fuerza militar y presencia territorial en los corredores dejados libres por el sector de las Farc que sí se desmovilizó. Incluso se habló de que se ofrecían ‘sueldos’ de entre $2 millones y $3 millones.

El último informe de la Misión de Paz de la ONU en Colombia, revelado en octubre pasado, también recalcó que “las mujeres excombatientes y los hijos de excombatientes siguen expuestos a riesgos adicionales de violencia, incluida la violencia sexual y de género y el reclutamiento forzado”.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo, solo entre enero y agosto de este año, emitió y realizó seguimiento a 94 alertas tempranas, advirtiendo situaciones de utilización y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, con mayor incidencia en Antioquia, Nariño, Chocó, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, Casanare y Putumayo.

Asimismo lo hicieron muchas ONG nacionales y regionales, personeros, comunidades indígenas y campesinas, así como autoridades locales lanzaron múltiples alertas tempranas y denunciaron con nombre propio a los menores victimizados y las estructuras criminales que los reclutaron.

Es un fenómeno, como se dijo, grave. El propio presidente Duque, esta semana, al condenar el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados criminales, exhortó a los colombianos a rechazar al unísono esa “práctica deleznable” y denunciar a los cabecillas que utilizan a los niños y adolescentes como escudos humanos para protegerse de sus actividades ilícitas.

“Son estas estructuras (del narcotráfico) las que quieren arrebatarle los hijos al campo, que los reclutan ilegalmente y se los llevan después al servicio de cabecillas que los quieren convertir en máquinas de guerra, pero, además, convertirlos en escudos humanos de sus fechorías”, aseguró el jefe de Estado, quien responsabilizó de estas prácticas a grupos como el Eln, las disidencias de las Farc, ‘Los Pelusos’, Los Pachenga’ y ‘Los Puntilleros’.

Es más, apenas unos días atrás el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lanzó un plan de acción del Gobierno nacional para prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales y brindar una respuesta coordinada e integral en los territorios.

La directora de la entidad Juliana Pungiluppi aseguró que “no vamos a volver a cometer el mismo error del pasado; tenemos muchas alertas y vamos a actuar ya. Los grupos armados no pueden rearmarse ni alimentar las economías ilegales a costa de nuestros niños”.

Recalcó, incluso, que actualmente el ICBF brindaba atención especializada a 230 menores de edad desvinculados de grupos armados ilegales. Según el Instituto, “tras el anuncio de las disidencias de las Farc de retomar las acciones bélicas, y de las instrucciones que han dado a sus filas de engrosar en 3.500 su número de efectivos en los próximos dos años, resulta preocupante este historial y eleva las alertas de utilización y reclutamiento de menores de 18 años para sus actividades ilícitas. Vale recordar que de los 6.732 niños, niñas y adolescentes que han ingresado desde 1.999 al programa de atención especializado del ICBF, el 58% (3.879) fueron desvinculados de las Farc”.

Lamentablemente, como se ve, la guerra continúa. Y, lamentablemente, continúa cobrando víctimas, entre ellos a los más indefensos e inocentes, los niños, que siguen como carne de cañón de una confrontación que no termina.