Este lunes la Misión de Verificación de la ONU en Colombia dio a conocer el informe trimestral sobre el balance de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz que presentó al Consejo de Seguridad el secretario general del organismo mundial, António Guterres.
El informe, que abarca el periodo del 26 de septiembre al 26 de diciembre de 2018, que incluye los primeros 100 días de gobierno de Iván Duque y el segundo aniversario de la firma del acuerdo, expone los principales retos para la consolidación de la paz en el país cafetero.
Una mayor presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto y "una respuesta urgente al clamor de las comunidades por seguridad, así como educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables a las economías ilegales", son algunas de las necesidades apremiantes.
Según una nota de prensa de la Misión, divulgada hoy, "el Secretario General reitera su gran preocupación debido a que se siguen produciendo ataques contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos".
Cifras de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, señalan que desde septiembre de 2018 se han verificado siete homicidios y otros 22 están en proceso de verificación y desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos y se ha informado de un total de 454 casos.
"Esta situación ilustra la importancia de una efectiva implementación del “Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales, y periodistas lanzado por el Gobierno el 19 de noviembre", añade el comunicado.
El balance también incluye la preocupación por homicidio de 14 exmiembros de la extinta guerrilla de las FARC, "lo que eleva a 85 el número desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016". Los departamentos más afectados siguen siendo Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá. Esta situación también requiere reforzar los esquemas y estrategias de seguridad para los excombatientes, se afirma.
En el documento también se recordó el llamado a respetar plenamente la independencia y autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hecho por la Misión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, y a apoyar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los proyectos productivos de excombatientes, que beneficiarán en total a 1.340 excombatientes, incluidas 366 mujeres.
Finalmente, instó al Ejecutivo colombiano y a la guerrilla del ELN a que mantengan los esfuerzos respecto a los diálogos de paz. "Si bien las posiciones de ambas partes están hoy más alejadas de lo que han estado desde el inicio de los diálogos en 2016, es muy importante que los canales de comunicación sigan abiertos".
"El secretario general reitera que Naciones Unidas, a través de la Misión y del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, seguirán de cerca y ofrecerán su apoyo a la implementación, incluso los esfuerzos del nuevo Gobierno para inyectar mayor vigor y viabilidad a la reincorporación socioeconómica de los excombatientes.
Asimismo, confía en que el Consejo de Seguridad mantenga su apoyo unido e inequívoco al proceso de paz, el cual sigue siendo un factor esencial de éxito, al igual que el apoyo de la comunidad internacional en su conjunto", concluye la declaración.