El gobierno dió luz verde al proyecto de decreto que regula la posesión, cultivo y uso de semillas de amapola, coca y cannabis con fines médicos, científicos e industriales. De acuerdo con el Ministerio de Justicia este paso redefine la relación del país con estas plantas, abriendo oportunidades económicas y sociales.

El decreto establece la posibilidad de obtener autorizaciones con vigencia de hasta cinco años, renovables mediante solicitud previa. Este marco legal marca un hito al incluir, por primera vez, licencias para el cultivo de amapola y coca, abriendo un terreno previamente inexplorado.

El proceso para obtener licencias implica una colaboración esencial entre entidades públicas (alcaldías, gobernaciones, entidades nacionales o cabildos) y organizaciones campesinas o comunidades étnicas en zonas afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico. Sorprendentemente, se abre la puerta a la participación del sector privado como socio inversionista, fomentando la inclusión de empresarios enfocados en productos legales derivados de estas plantas.

El Comité Escal, creado para evaluar, dar seguimiento y controlar las autorizaciones y licencias, jugará un papel crucial en la implementación exitosa del decreto. El Ministerio de Justicia destaca que la medida busca contribuir a la reconversión económica y al desarrollo rural, con un enfoque de justicia social. Las licencias permitirán la transformación de plantas anteriormente asociadas al narcotráfico en materias primas para productos legítimos como pinturas, alimentos, cosméticos, fertilizantes y gaseosas, entre otros.

El proyecto destaca la responsabilidad de las entidades públicas en la verificación de permisos y actividades autorizadas o licenciadas. Para garantizar la legalidad, se establece la obligación de destruir semillas, plantas, derivados y productos que no cuenten con la debida autorización.

El Ministerio de Justicia enfatiza que el decreto tiene como objetivo primordial contribuir a procesos de reconversión económica y desarrollo rural, ofreciendo oportunidades a comunidades afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico. La creación de una industria lícita, supervisada y respaldada por el Estado, es considerada como una estrategia integral para generar un cambio positivo en estas áreas.

Aquí el decreto: