Para el Ministerio Público, reducir el alcance y presupuesto de la JEP comprometería su capacidad para cumplir su objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado. Limitar sus funciones afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos.

La Procuraduría recuerda que las amnistías indiscriminadas están prohibidas por el derecho penal internacional. Estas acciones podrían reactivar la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia.

Es fundamental que la autoridades asuman su responsabilidad como garantes de los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias de la JEP. Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas.

Finalmente, el órgano de control  reitera su disposición para colaborar en los procesos de articulación institucional que aseguren el cumplimiento de los derechos de las víctimas y la sociedad en el marco del sistema de justicia transicional.