TRAS MÁS de 72 en cautiverio, 66 soldados que fueron retenidos por integrantes del presunto grupo denominado ‘Guardia Campesina’ del Guaviare fueron liberados. La información fue confirmada la tarde de este lunes, generando todo tipo de reacciones en el país.
Esta acción fue posible luego de la intermediación de una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Mapp - OEA.
“Las tropas continuarán desplegadas en la zona, trabajando en pro de la seguridad y el bienestar de la población y combatiendo todos los fenómenos de criminalidad”, manifestó el Ejército de Colombia.
El general Raúl Vargas, jefe del Comando Conjunto Nº 3, dijo, horas antes de que se procediera a la liberación de los 66 uniformados, que los responsables de esta acción criminal estarían a cargo de alias ‘Calarca’, jefe del bloque ‘Jorge Suárez’ del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.
“Las comunidades deben entender que los grupos armados organizados son organizaciones al margen de la ley que no respetaran sus derechos. Sacar la fuerza pública de los territorios es quedar a merced de los delincuentes”, dijo Vargas.
En pronunciamiento reciente, los integrantes de la ‘Guardia Campesina’ aseguró que la presencia del Estado en la región del Guaviare no se debe limitar solo a la presencia de los militares. Insistieron en que debe fortalecerse la institucionalidad en un territorio históricamente afectado por la violencia de grupos armados ilegales.
Por su parte, las Fuerzas Militares emitieron un comunicado en el que aseguraron que las acciones ofensivas contra la criminalidad se mantendrán de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, para combatir cualquier actividad delictiva en la región.
“Las comunidades deben entender que los grupos armados organizados son organizaciones al margen de la ley que no respetaran sus derechos. Sacar la fuerza pública de los territorios es quedar a merced de los delincuentes”, señaló Vargas.
Luego del secuestro, la Defensoría del Pueblo se pronunció rechazando esta acción criminal.
“La Procuraduría hace un contundente llamado al Gobierno nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior, para que implemente a cabalidad los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación establecidos en los decretos de cese al fuego con los grupos armados ilegales con presencia en el territorio, que permitan la prevención de incidentes, garanticen el ejercicio de derechos ciudadanos de sus pobladores y eviten posibles infracciones al DIH”, indicó el ente de control, a través de un comunicado de prensa.
Antes de la liberación, la Procuraduría había informado sobre el monitoreo de esta situación, con la intención de la protección de los derechos humanos de los soldados.