El lavado de activos es el virus que amenaza al sistema financiero colombiano, por cuanto “genera inflación, burbujas inmobiliarias y crea una especie de ‘universo paralelo’ que no permite conocer con certeza cómo va evolucionando la economía nacional”.
Así lo afirmó la delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera Toro, al explicar que en medio de la pandemia “continuamos con nuestras investigaciones que nos permitieron, en los últimos 24 meses, judicializar 65 casos de lavado de activos, capturar a 169 personas, imputar a 186 y desmontar operaciones de lavado cercanas a los $7 billones”.
Noguera Toro explicó que gracias al direccionamiento estratégico definido por el fiscal Francisco Barbosa, “durante los últimos meses logramos judicializar y enfrentar el lavado de activos procedentes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, por cuanto se trata de una gran amenaza contra la estabilidad financiera, social y económica del país, por su carácter de delito transnacional”.
- Le puede interesar: Carrillo: mindefensa responderá por acciones de la Policía
“El delito de lavado de activos procedente del narcotráfico es una amenaza sumamente grande. Al ingresar al torrente financiero dineros provenientes de actividades ilícitas, se afecta la estabilidad financiera, social y económica al generar una falsa realidad. Se genera inflación, burbujas inmobiliarias y situaciones que en nada tienen que ver con el verdadero movimiento de la economía del país. Es decir, el lavado de activos crea una especie de ‘universo paralelo’ que no nos permite conocer con certeza cómo va evolucionando nuestra economía”, explicó.
Añadió que “el trabajo de evitar la entrada de activos de este tipo al país es de todos, no solo de las entidades del Estado, también de los particulares, y aquí merece una especial mención la tarea que ejercen los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras con la generación de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS). Son ellos el primer filtro que permite detectar cualquier movimiento que genere dudas, y deben ponerlo en conocimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), así como de la Fiscalía. Hemos visto que esa labor no ha sido fuerte ni constante y, prácticamente, la UIAF y la Fiscalía terminan asumiendo la carga”.
Destacó que “es importante tener presente que la función de la Fiscalía se activa ante la comisión del delito. En ese sentido, cuando iniciamos la acción penal, que es lo que nos atribuye la Constitución, los activos ya han sido lavados y están circulando en nuestro sistema económico. Imagínense lo que se podría lograr si quienes tienen a cargo la generación de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) se vinculan de manera más activa. No estaríamos actuando de manera reactiva, sino preventiva”.
Reacción eficaz
De otro lado, explicó que la Fiscalía está reaccionando de manera eficaz contra el blanqueo de capitales; “pero como lo expresé, esta no es una labor exclusiva de nosotros. En materia de antilavado existe todo un sistema de respuesta estatal del que el ente acusador es solo una parte, quizá el último eslabón en la cadena. Esperamos que los que se encuentran en la primera línea de defensa mejoren sus protocolos en materia de prevención y detección del fenómeno”.
Señaló que “existen cerca de 82 tipologías documentadas en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo por parte de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilaft) a nivel regional, las cuales se encuentran agrupadas a su vez, en 9 categorías”.
“Las principales tipologías son el tráfico o transporte de divisas a través de correos humanos que las ingresan ocultas o adheridas a sus cuerpos, o el ‘pitufeo’”
“En Colombia las principales tipologías o modalidades que se evidencian en los procesos investigativos adelantados por la Fiscalía son el tráfico o transporte de divisas a través de correos humanos que las ingresan ocultas o adheridas a sus cuerpos a través de aeropuertos internacionales; las transferencias fraccionadas de dinero por debajo del monto de $10 millones para evitar los reportes objetivos de transacciones en efectivo que las entidades financieras deben hacer a la UIAF; y las inversiones ficticias o pagos por importaciones que nunca se realizaron por parte de empresas nacionales, que en la mayoría de los casos son ‘fachadas’. Estas son solo algunas de las tipologías más empleadas”.
A su vez, Noguera Toro hizo alusión a que el llamado ‘pitufeo’ o “smurfing” se refiere a las transacciones o transferencias financieras por debajo de un monto de $10 millones. Esta sigue siendo una de las principales tipologías de lavado de activos y se puede dar en cerca de 20% de los casos que adelanta la Fiscalía por este delito”.
La Delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía señaló que “toda estructura criminal cuyo actuar se enmarque en las actividades delictivas antecedentes del lavado de activos como el narcotráfico, secuestro, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, rebelión, tráfico de armas, narcotráfico y contrabando, entre otras organizaciones tienen la necesidad de lavar el origen de sus recursos ilícitos y, por lo tanto, deben introducirlo en nuestro sistema económico legal. Así que el espectro es bastante amplio; sin embargo, nuestras investigaciones dan cuenta de que los grupos narcotraficantes, los dedicados a operaciones de contrabando y las organizaciones vinculadas a hechos de corrupción estarían en los primeros lugares”.
Precisó que “el fiscal Francisco Barbosa definió como uno de sus ejes prioritarios la persecución del patrimonio ilícito de las organizaciones criminales y en los últimos 8 meses, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio del ente acusador ha impuesto medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 5.356 bienes, cuyo avalúo alcanza los 6 billones 150 mil millones de pesos”.
Afirmó que “esta importante afectación a las redes narcotraficantes, de crimen organizado, de corrupción, entre otras que intentan ocultar sus recursos ilícitos con la compra de propiedades, se ha materializado en 35 operaciones en las que hemos contado con el apoyo de la Policía y el CTI de la Fiscalía”.
Los inmuebles y lotes afectados, avaluados en $35 mil millones, están ubicados en Barranquilla, Atlántico.
Finalmente, Noguera Toro, aseguró que “el país a nivel regional cuenta con uno de los sistemas más avanzados y sólidos en materia de prevención y control del lavado de activos. Adicionalmente, el sistema se encuentra representado, principalmente, por la Comisión de Coordinación Institucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla), como máxima entidad de articulación para la ejecución de la política pública colombiana en la materia”.
Otras investigaciones
De otra parte, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía compulsó copias a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho Dominio, dentro del proceso que se adelanta por los tres laboratorios para la producción de cocaína encontrados en una finca en Guasca, Cundinamarca, de propiedad del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente. En el predio fueron capturadas cinco personas señaladas de custodiar y trabajar en los laboratorios, quienes fueron cobijadas con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Y, luego de valorar el material probatorio recopilado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el exgeneral de la Policía, Mauricio Santoyo Velasco, por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En el curso de las investigaciones se constató que el exoficial constituyó un patrimonio de $6.193.415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensas, mientras estuvo vinculado a la Policía entre 1999 y 2009.
Además, en los primeros días de junio del presente año, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes del empresario Álex Saab, capturado en Cabo Verde, África, con fines de extradición hacia Estados Unidos.