En la historia del conflicto armado colombiano, es la primera vez que el grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (Eln) comete un atentado terrorista de la magnitud del que se registró el pasado jueves contra la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.

Según la investigación, un carro bomba cargado con 80 kilos de pentolita detonó dentro de la Escuela, ocasionando la muerte de 21 personas y 68 heridos, algunos de gravedad.

Si bien el Derecho Internacional Humanitario considera las guarniciones castrenses como objetivos militares legítimos, no menos cierto es que en casi todas también hay casas fiscales donde residen civiles, hijos y familiares de los uniformados.

Esto es una razón más para que la seguridad en la Escuela General Santander, la principal escuela de formación de policías en el país, tuviera que ser una verdadera fortaleza. Pero no lo fue, y el atentado dejó en evidencia su vulnerabilidad.

Tanto así, que el propio director de la Institución, general Óscar Atehortúa, dijo en la rueda de prensa que se realizó en la Casa de Nariño el viernes, que una vez sucedió el atentado, comenzó el proceso de investigación para ver qué fue lo que pasó.

“Con la integración que tuvimos con nuestras capacidades de inteligencia e investigación activamos todos nuestros esfuerzos para examinar puntualmente qué fue lo que ocurrió dentro de la Escuela y empezar un retroceso de los hechos”, dijo el oficial.

¿Se pudo prevenir el atentado?

Según el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, al parecer el atentado contra la Escuela General Santander se habría comenzado a planear hace 10 meses, cuando José Aldemar Rojas Rodríguez, alias ‘Mocho’ o ‘Kiko’ compró la camioneta del atentado.

Sin embargo, los organismos de Inteligencia no lograron tener pistas anticipadas del posible ataque, sino solo hasta cuando ocurrió la tragedia.

La placa del carro detonado dio las primeras pistas para llegar a ‘Mocho’ y comprobar que fue el autor material del atentado, pues varios de los guardas de la institución policial lo reconocieron en fotos. Inclusive, su identidad quedó ratificada cuando los investigadores hallaron la mano izquierda del suicida, la única que tenía porque la derecha la perdió 10 años atrás manipulando explosivos.

Otro detalle que deja entrever una posible falla de seguridad fue que, según el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el vehículo no ingresó por la puerta principal.

Rojas Rodríguez “aprovechó la apertura de una puerta que es usada exclusivamente para vehículos de carga, y aprovechando la salida de unas motos, y a toda velocidad, ingresa sin respetar a los guardias de seguridad que de inmediato avisan a los demás”.

Es más, el Ministro afirmó que “aquí no hubo perros, ningún perro fue muerto, el único perro antiexplosivos estaba en la puerta principal”.

Estas circunstancias muestran debilidades en el control físico de ingreso de personas y vehículos, pues es posible que quienes hicieron la inteligencia para el atentado ya hubieran notado ese punto frágil.

Barreras de seguridad

También deja la sensación de inseguridad en esa instalación policial el hecho de que cuando la camioneta ingresa violentamente y a gran velocidad sin respetar a los guardias, estos no le disparan para tratar de detenerla, sino que les informan a otros uniformados por radioteléfono, según el Ministro.

En la rueda de presa Botero mostró material fotográfico donde “se ve que la camioneta continúa su curso, aquí –señala- es abordado por un oficial de seguridad que ya estaba avisado. Echa reversa, se devuelve y explota frente a dormitorio de mujeres”. En la foto a la que hace referencia el Ministro se observa a un uniformado inquiriendo al conductor Rojas Rodríguez apenas con un radio en la mano.

Falló la Inteligencia

Por otra parte, un experto en seguridad le explicó a EL NUEVO SIGLO que “es evidente que hubo una grave falla de la Inteligencia de la Policía”, ya que si bien casi que imposible prever un atentado terrorista, las labores de inteligencia “tienen que estar revisándose todo el tiempo, más en un sitio al que asiste de forma frecuente el Presidente de la República y el alto mando de la Policía”.

La fuente señala que el atentado también mostró “fallas en los protocolos de atención para este tipo de situaciones, porque no se siguió con rigurosidad el procedimiento que debe tenerse en cuenta”.

De hecho, el general Atehortúa aseguró en la rueda de prensa en la Casa de Nariño que tras el ataque ordenó “hacer la preservación del lugar en el momento de los hechos, que a veces no es tan sencillo porque muchos quieren ayudar pero no conocen los protocolos, sobre todo cuando pesa mucho el dolor humano”.

El jueves, después del atentado, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa, ordenaron el acuartelamiento en primer grado en todas las sedes castrenses del país para evitar nuevas acciones terroristas.

El director de la Policía Nacional dio sus propias instrucciones: “Ordené que todas nuestras capacidades antiexplosivas del país se volcaran a las calles para verificar y evitar que se presente otra novedad y que actuáramos con contundencia para garantizar la seguridad de todos los colombianos”.

Cuestión de honor

Para el oficial, establecer los responsables del atentado y capturarlos es una cuestión de honor. “La instrucción a todos nuestros hombres es trabajar incesantemente porque estos resultados no solamente son una obligación de la Policía sino una respuesta de honor por este cobarde y vil crimen contra todos nuestros policías”, concluyó.