Hace ocho años, el 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, Países Bajos, le otorgó a Nicaragua un área calculada en 74.000 kilómetros cuadrados en calidad de zona económica exclusiva, aunque confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla, determinando una frontera marítima única de enclave alrededor de las islas de Quitasueño y de Serrana.
Tiempo después, Nicaragua demandó a Colombia por el supuesto incumplimiento del fallo y además reclamó el reconocimiento de la plataforma continental extendida.
Sobre estos temas, EL NUEVO SIGLO conversó con Rafael Nieto Navia, eminente profesor de Derecho Internacional, cuya larga trayectoria incluye su desempeño como juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez y miembro de la Cámara de Apelaciones de los tribunales penales de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia y Ruanda.
EL NUEVO SIGLO: Desde lo que usted conoce, ¿qué ha pasado después del fallo de la CIJ?
RAFAEL NIETO NAVIA: Usted recordará que después del fallo del 2012 el Gobierno creó una comisión de juristas dentro de la cual había solamente dos internacionalistas para que le aconsejaran qué hacer.
Esa comisión de juristas le rindió un informe al Gobierno, le hizo ciertas sugerencias, ninguna de las cuales fue aplicada por el Gobierno ni por la Cancillería en aquella época.
¿Qué ha pasado? Que se encargó a dos juristas del manejo de eso como agentes del Gobierno ante la Corte Internacional. Y esos juristas han hecho su trabajo, supongo yo, pero ese trabajo es confidencial. ¿Con esto qué le quiero decir? Que la Corte ni la Cancillería publican los escritos que se han presentado. La Corte no lo hará sino cuando se presenten las audiencias públicas. Entonces conoceremos los documentos. Pero mientras tanto no. De manera que yo no le puedo decir en qué va. No se tampoco porque la Corte no ha fijado fecha, cuándo se van a hacer esas audiencias públicas. Ya han pasado ocho años y ya era hora de que tuviéramos alguna información, pero la Corte la verdad es que tiene mucho trabajo, entonces no ha fijado fecha.
ENS: ¿Qué fue lo que recomendó la comisión de juristas?
RNN: Era básicamente que tenía que delimitar el archipiélago, hacer una delimitación marítima y no la hizo. Había otras recomendaciones, pero esa era fundamental y no la hicieron.
ENS: Tras ese fallo, Nicaragua presentó dos demandas más. ¿Tienen algún futuro?
RNN: Hay dos demandas pendientes para decisión de la Corte. Una que se refiere a la ampliación de la plataforma continental, 250 millas más, que eso era lo que trataba el informe de aquella comisión creada en 2012 al Gobierno, pero que el Gobierno no hizo absolutamente ninguna de esas recomendaciones. La otra demanda es la del incumplimiento. Yo pienso que esa del incumplimiento no tiene ningún futuro.
Y sobre la otra, sobre la de la ampliación de la plataforma continental, yo le doy mi opinión, que no es la opinión del Gobierno y no es la opinión de la Corte. Yo creo que esa tampoco tiene futuro, pero si el Gobierno hubiera seguido en su momento las indicaciones que hizo la famosa comisión de la que le he hablado, estaría yo absolutamente seguro de que no tiene futuro; ahora como no las siguió pues cualquier cosa puede pasar.
ENS: ¿Habría alguna recomendación que se le pudiera hacer ahora al Gobierno?
RNN: Ya ha transcurrido suficiente tiempo. Ya se han presentado, hasta donde yo entiendo, los documentos escritos, de manera que no hay recomendaciones distintas de qué es lo que va a hacer el Gobierno cuando se presenten las audiencias públicas. Entonces, me imagino que va a repetir un poco lo que ha hecho en los documentos escritos, pero no sé qué es eso lo que van a hacer.
Lo otro es que los agentes son los mismos. El gobierno de Duque no cambió los agentes.
ENS: ¿Sobre este asunto habría podido contribuir en algo la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores?
RNN: La Comisión se reúne cuando el Gobierno quiere. Y el gobierno de Duque no la ha reunido ni una sola vez. Pero la Comisión no es mucho lo que puede hacer.
Reclamo de plataforma extendida
En febrero del año pasado, Colombia reiteró su rechazo a la pretensión nicaragüense de que se le reconozca una plataforma continental extendida a través de una Dúplica presentada en la CIJ.
Esa Dúplica fue el último memorial de la etapa escrita en el proceso iniciado por Nicaragua en 2013, denominado “Cuestión de la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense”.
En un comunicado, la Cancillería explicó entonces que con argumentos científicos, jurídicos e institucionales, Colombia expuso las razones por las cuales la reclamación nicaragüense no tiene ningún fundamento.
Tan pronto como Nicaragua oficializó su reclamo, en septiembre de 2013, la Cancillería colombiana declaró que esa pretensión “es contraria al derecho internacional. La plataforma continental de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana que se extiende hacia el noroccidente y hacia el archipiélago en al menos 200 millas”.
Independientemente de los elementos “científicos, jurídicos e institucionales” exhibidos en la Dúplica para argumentarla, la posición de Colombia ha sido desde el primer momento que el país “tiene una plataforma continental continua e integrada, sobre la cual ejerce los derechos soberanos que otorga el derecho internacional, tal y como aparece en el decreto 1946 del 9 de septiembre de 2013”.
“La desmedida ambición de Nicaragua afecta no solo áreas que le corresponden a Colombia, sino también de otros países como Panamá, Costa Rica y Jamaica”, replicó Colombia en el comunicado del 16 de septiembre de 2013, anotando que el Estado está preparado “para hacer frente a estas infundadas pretensiones de Nicaragua, y las confrontará con toda la determinación y el rigor que exige la defensa de los legítimos derechos de Colombia”.
Supuesto incumplimiento del fallo de 2012
El 15 de noviembre de 2018, la Cancillería informó la presentación de otra Dúplica en el proceso iniciado por Nicaragua sobre las supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe, en el que la CIJ examina si el gobierno centroamericano “tiene razón al sostener que Colombia habría violado el derecho internacional (i) con las operaciones de la Armada Nacional en el mar Caribe, realizadas con el objetivo de defender y proteger los derechos legítimos de Colombia en el área, a los habitantes del archipiélago y a la población raizal, así como (ii) con la expedición del decreto que estableció la Zona Continua Integral en el archipiélago”.
Esa Dúplica responde los alegatos planteados en la Réplica que Nicaragua entregó a la Corte en mayo de 2018.
“Para la elaboración de la Dúplica, el Ministerio de Relaciones Exteriores contó con la colaboración de varios miembros de la comunidad raizal del archipiélago. Este grupo de trabajo está compuesto por abogados, antropólogos e internacionalistas, entre otros, quienes han hecho valiosos aportes”, explicó la Cancillería en el respectivo comunicado, texto el que también se precisó que “en el marco de este proceso, Colombia contrademandó a Nicaragua. Estas contrademandas o ‘demandas reconvencionales’ fueron admitidas por la Corte en noviembre de 2017”.
En este otro caso, la Corte analizará las reclamaciones colombianas según las cuales Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales; y ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia.