El problema del sistema de justicia colombiano no está en las Altas Cortes, sino que es estructural. Nueva entrega de la alianza entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General

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El Índice de Cumplimiento de la Ley (Rule of Law Index) 2019, publicado por la organización internacional World Justice Project, ubica a Colombia en el puesto 80 entre 126 países evaluados. Descendimos tres (3) puestos respecto del año anterior. La calificación de nuestro sistema de justicia es penosa: sacamos 0,5 sobre 1.0. O sea, nos rajamos.

También descendimos tres (3) puestos a nivel regional. En América Latina y el Caribe ocupamos el puesto 20 entre los 30 países evaluados. No es sorpresa que por encima de nosotros se encuentren países como Uruguay, Costa Rica, Chile o Argentina. Lo que consterna y preocupa es que países como Guyana, Surinam o Trinidad y Tobago, nos superen.

¿Por qué esta penosa calificación? Muchas son las causas. Pero si vamos a destacar los puntos más bajos hay que mencionar dos: orden y seguridad; y justicia penal. En el primero ocupamos el puesto 113 entre los 120 países evaluados. En el segundo estamos en la casilla 109.

La bajísima calificación en el componente de orden y seguridad no sorprende a nadie, por nuestra triste tradición de violencia armada. Seguimos siendo un país con altísimas tasas de violencia e inseguridad, a pesar del Acuerdo Final con las Farc y todo lo demás.

La bajísima calificación en la justicia penal, en cambio, sí es un asunto que merece especial atención. La calificación en este componente fue de 0,33 sobre 1.0. Esto quiere decir que estamos súper rajados. Llegamos escasamente al 33% de lo que se espera de un sistema de justicia penal en condiciones. Los dos ítems que más nos bajan puntuación son: la efectividad de las investigaciones, donde sacamos 0,17 sobre 1.0; y efectividad del sistema penitenciario, donde sacamos 0,28. Y hay otros ítems que también preocupan: la discriminación en los procesos penales, en la cual obtuvimos un puntaje de 0,30; la duración de los procesos penales, calificada con 0,31; y, por supuesto, la corrupción judicial, calificada con 0,39.

El problema

La dificultad para alcanzar acuerdos al interior de la Corte Suprema de Justicia ha venido captando la atención de algunos medios de comunicación. Lo propio ha ocurrido con los escándalos de corrupción que han golpeado a magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema. Por supuesto, lo que ocurre en las altas esferas de la Rama Judicial es más atractivo y noticioso, y por eso suscita más atención. Pero el informe de World Justice Project nos está diciendo otra cosa: el problema del sistema de justicia colombiano no está en las Altas Cortes, sino que es estructural.

Todos los problemas que se evidencian en las Altas Cortes son el síntoma de la enfermedad. Son la fiebre causada por la infección. De manera que no es ahí donde debemos atacar el problema, sino en la arquitectura y funcionamiento del sistema.

¿Cómo es posible que en los pasillos de los complejos judiciales se venga hablando desde hace ya varios años, jocosamente, del sistema penal “aplazatorio”? ¿Qué se ha hecho para resolver el vergonzoso problema de congestionamiento del sistema judicial y las excesivas dilaciones que causa?

Pensemos un minuto en la indignación popular que se siente cuando un procesado recupera la libertad por vencimiento de términos. Está bien que esos casos produzcan indignación. Y ojalá la indignación fuera mayor y aún más generalizada ¡Pero atención! La indignación no debe ser porque el ciudadano (que para ese momento aún se presume inocente) recobre su libertad. La indignación debería ser por el mal (o pésimo) funcionamiento de la administración de justicia ¡Y cuidado! La indignación se debe producir acompañada de una fuerte reacción de la comunidad, pero no contra el juez, sino contra quienes administran el sistema de justicia penal.

Reingeniería

La reforma de la administración de justicia es urgente. Pero no una reforma legal, que es a lo que se suele recurrir, como si el problema fuera de normas. La solución no pasa por otra reforma a los códigos de procedimiento. Lo que se necesita es una reforma en la gestión; en la manera como se gerencia el sistema de justicia.

Honestamente, a la mayoría de los ciudadanos no nos preocupa tanto las luchas de egos entre magistrados, o las mezquinas disputas de poder implícitas en la elección de los reemplazos para las vacantes, como sí la inoperancia del sistema judicial para resolver los problemas cotidianos que demandan una respuesta pronta de los jueces. A los ciudadanos promedio lo que nos talla, y mucho, es que las tutelas, las demandas laborales, los asuntos civiles -como los problemas de arrendamientos o las deudas hipotecarias-, o ni qué decir de los conflictos de alimentos y otros asuntos de familia, sigan atascados en un sistema judicial que no está sirviendo.

Es un hecho que el sistema de justicia colombiano carece de un auténtico gerente. El modelo basado en el Consejo Superior de la Judicatura ha colapsado ¿Cómo es posible que, en 2020, con el nivel de penetración que tiene el internet en el país, Colombia no haya podido implementar el expediente judicial electrónico? Otros países como Chile nos llevan una ventaja vergonzosa ¿Esto es problema de leyes, o de falta de liderazgo y gerencia en la Rama Judicial?

Lo preocupante es que la reforma estructural al sistema de justicia penal parece tener en frente un muro altísimo. Ninguno de los últimos gobiernos ha podido alcanzar las reformas que se necesitan en materia de justicia, después de haberlas anunciado públicamente e incluso a pesar de incluirlas en lugares privilegiados de la agenda nacional. Es como si al interior de la Rama Judicial hubiera un monstruo oculto y enorme que no permite que se le toque; un Leviathan que supera todo y a todos en el Estado.

Quizás el problema ha estado en buscar la reforma al sistema judicial consensuando con las Altas Cortes. Quizás es con las bases y con la ciudadanía con quienes se debe consensuar la reforma. Después de haber intentado tantas veces lo primero, no está mal intentar al menos una vez lo segundo. Tal vez por eso, la iniciativa del Procurador General de la Nación de hacer una propuesta de reforma judicial de abajo hacia arriba tiene sentido; mucho sentido. Ojalá lo logre.

* Docente e investigador. Universidad del Rosario. Ex Procurador Delegado Para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad.