Por considerar que existe el riesgo de manipular y alterar el material probatorio en su contra, la juez 22 de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra el exfiscal de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Carlos Julián Bermeo, el exsenador Luis Alberto Gil y otras tres personas.

El caso se relaciona con el intento de soborno en que habrían participado los imputados para favorecer al detenido integrante del partido político Farc, Zeuxiz Pausis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’, solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

La administradora judicial dijo que cuando Bermeo se posesionó en el cargo ante la JEP “juró cumplir con los deberes que le imponen la Constitución y las leyes, pero lo que hizo fue ofrecerse al mejor postor, poniendo en entredicho el juramento que se erige como sagrado para todos los servidores públicos”.

La juez aseguró durante la audiencia de imputación de cargos que, de esta manera, el exfiscal de la JEP, “afecta notablemente la credibilidad ciudadana y la confianza en la justicia”.

Igualmente, señaló que en el expediente existe suficiente material probatorio para demostrar que Bermeo habría utilizado de manera dolosa su cargo para obtener beneficios económicos tratando de incidir en el proceso judicial contra ‘Santrich’.

Las otras personas afectadas con la decisión intramural son el exsenador Luis Alberto Gil, y los particulares Luis Orlando Villamizar, Ana Cristina Solarte Burbano y Yamit Alejandro Prieto. 

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El soborno

De acuerdo con el material probatorio expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, desde diciembre de 2018 se tenía indicios de que Bermeo, Gil y los demás detenidos estarían gestionando un millonario soborno para incidir en el proceso de extradición del exnegociador de paz.

Con los indicios, la Fiscalía organizó el operativo que se concretó el pasado 1 de marzo en dos hoteles de Bogotá, de forma simultánea. En un hotel de norte de la Capital, Ana Cristina Solarte recibió un adelanto de 40.000 dólares, mientras que en otro sector Bermeo y Gil recibían el resto para completar 500.000 dólares, que habría sido lo acordado.

Para demostrarlo, durante el proceso la Fiscalía aportó audios y videos. Por ello les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, tráfico de influencias ante servidor público y peculado por apropiación. Los procesados se declararon inocentes.

En la audiencia, el agente de la Procuraduría General presentó recurso de apelación para que se revise la medida de aseguramiento contra Yamit Prieto y Ana Cristina Solarte al considerar que no tuvieron una participación directa en este caso.