Si hay un paro difícil de sobrellevar o ganar para cualquier gobierno es, precisamente, el de los estudiantes de las universidades públicas. Ello se debe a cinco elementos específicos.
El primero, la gran capacidad de movilización que tienen estos paros, ya que al existir universidades e institutos técnicos y tecnológicos oficiales en muchas ciudades capitales e intermedias, la protesta toma de inmediato un ámbito nacional, característica esta que no todos los sectores que llaman a manifestarse contra el Gobierno nacional tienen.
En segundo lugar, los estudiantes tienen predilección por la “calle” y eso dimensiona aún más el eco a las causas y las consecuencias de su movilización, ya que el impacto por el caos de tráfico e incluso los desórdenes en las marchas lo sufre la ciudadanía.
El tercer elemento tiene que ver con que la opinión pública, tiende, a priori, a mostrar un halo de empatía con las protestas estudiantiles, otorgándoles un grado alto de legitimidad no solo por esa nostálgica admiración a la rebeldía juvenil, sino porque se trata de las universidades públicas, a las que ingresa el grueso de hijos de familias de clase media y baja. Además sus exigencias son muy válidas porque están relacionadas con escasez presupuestal, baja cobertura, poca inversión en infraestructura, docentes mal pagos y la ingente necesidad de aumentar la calidad de la educación a este nivel.
A lo anterior se suma la alta resistencia de los jóvenes. Pueden durar semanas e incluso meses movilizados y con las instituciones y clases bloqueadas, lo que aumenta la capacidad de presión sobre los gobiernos de turno.
Y, por último está la capacidad que tienen los estudiantes en paro para generar simbologías y denuncias con un alto grado de ingenio para dejar en evidencia cómo los recursos públicos se destinan a otros rubros (burocracia, presupuesto militar o incluso corrupción y politiquería) en lugar de dirigirlos a la educación de calidad para los más pobres. Ese discurso reivindicativo tiene hoy en las redes sociales una caja de resonancia de mucho impacto.
… Y Duque cedió
Hace dos meses, casi en forma paralela a la discusión del proyecto de presupuesto general para 2019 en el Congreso, los rectores de la mayoría de las universidades públicas le insistieron al Gobierno de la gravedad de un hueco de recursos en estas instituciones por más de $6 billones e incluso advirtieron que si no les destinaban recursos adicionales urgentes para el próximo año, se verían forzados a suspender actividades por física falta de plata.
El Gobierno respondió que era muy difícil destinar más recursos, pues ese presupuesto general estaba ya desfinanciado en $14 billones. Ya entonces existían algunas protestas de estudiantes en distintas universidades, motivadas sobre todo por la suspensión del programa bandera del gobierno Santos, “Ser pilo paga”. Para intentar neutralizar la situación, Ejecutivo y Congreso lograron un principio de acuerdo con los rectores: $500 mil millones adicionales. Incluso Duque, al lanzar su nueva estrategia de apoyo a la educación superior, denominada “Generación E”, insistió en que este rubro en general era el de más recursos en el presupuesto para el próximo año, con $41,4 billones.
Sin embargo, los voceros de los estudiantes protestaron de inmediato, alegando que esos $500 mil millones no solucionaban la crisis de las universidades públicas y profundizaron el paro.
Desde entonces, el Gobierno se vio expuesto a las cinco características ya descritas de los paros estudiantiles: protestas en casi todas las universidades públicas, con suspensión de clases a bordo; marchas constantes en grandes y pequeñas ciudades con bloqueos viales, enfrentamientos con la Policía y ciudadanía desesperada; defensa de la causa estudiantil por distintos sectores nacionales, sobre todo ante los llamados de algunos dirigentes radicales a aplicarles ‘mano dura’ debido a los desórdenes y enfrentamientos en el Esmad en algunas ciudades; un alud de actos simbólicos de los estudiantes, como los llamados a marchar en paz, limpiar grafitis, la protesta ‘zombie’, campañas en redes sociales, comparecencias al Congreso y amplia exposición mediática; y un alto grado de resistencia, al punto que ni siquiera levantaron el paro ante la advertencia de aplazar el semestre, lo que finalmente terminó ocurriendo…
Todo ello en medio de la caída de la favorabilidad presidencial en las encuestas, sobre todo entre los jóvenes, un fenómeno que muchos analistas asociaron a la simpatía nacional con el paro estudiantil.
Al final de cuentas, tras 16 sesiones de negociación entre la Ministra de Educación y los líderes estudiantiles, el Ejecutivo terminó cediendo, pese a la estrechez fiscal.
Según lo anunció el presidente Duque el viernes pasado, el acuerdo consistió en lo siguiente: aumento del presupuesto del cuatrienio para el fortalecimiento de la educación superior pública en más de $4,5 billones. De estos recursos, $1,34 billones se destinarán a la base de las Instituciones de Educación Superior Públicas. A partir de 2019, estos recursos, que anteriormente crecían solo con la inflación (IPC), comenzarán a aumentar durante los próximos años así: a partir de 2019 se hará un aumento del IPC + 3,5%; para el 2020 + 4%; para el 2021+ 4,5%, y para 2022 + 4,65%. A esta cifra se suman $300 mil millones provenientes de la renta sobre los excedentes del sector cooperativo. A lo anterior hay que adicionar $1,5 billones en recursos procedentes del recaudo de las regalías, destinados a mejorar infraestructura, planes de bienestar y capacidad investigativa.
A estos recursos se suma una inversión del Presupuesto General de $1,35 billones para los cuatro años, que contempla pago de pasivos e inversión en temas de infraestructura, bienestar estudiantil, dotaciones, formación docente de alto nivel y fortalecimiento institucional.
Como lo habían hecho en 2011, cuando forzaron al gobierno Santos a retirar la reforma educativa -y nunca más la volvió a presentar-, este año los estudiantes también le ganaron el pulso al Ejecutivo de turno, teniendo la calle como principal eje de presión. Y ese, sin duda, es uno de los hechos políticos de 2018.