Como Ministra de Transporte y en mi condición de cabeza y responsable del sector de infraestructura y transporte, me permito informar que en cumplimiento del numeral cuarto de las medidas cautelares expedidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 14 de septiembre de 2017, dentro de la acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) autorizó un segundo pago por $627.000 millones de pesos a los bancos como acreedores y terceros de buena fe, del proyecto Ruta del Sol, sector 2.

 Este pago se sumará a 1 billón 34 mil millones de pesos que la entidad ya ha pagado, dentro de los compromisos que se habían adquirido con proveedores, contratistas, acreedores de buena fe y, especialmente, con la liquidación de los cerca de 3.000 trabajadores que estaban contratados por el concesionario del Proyecto Ruta del Sol, sector 2, en 2017 y 2018.

El pago no sólo es consecuente con el valor que la ANI reconoce sobre las obras que se alcanzaron a construir dentro del contrato de concesión conforme al concepto emitido por la interventoría del proyecto, y está dentro de la disponibilidad de recursos existentes en el fideicomiso. También está avalado por el Comité Interinstitucional del Sector Transporte creado en el marco de la acción popular y en el que participaron la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Transporte, la ANI, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Agencia Jurídica del Estado y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, que después de un juicioso estudio, consideró que las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca están vigentes para continuar con el trámite de aprobación de pago de las acreencias que aún persisten con trabajadores, contratistas, entidades financieras y acreedores de buena fe.

 El gobierno nacional está convencido de la necesidad de fortalecer la confianza de la banca nacional e internacional, de los inversionistas y financiadores en general, en los proyectos de infraestructura de transporte que está reactivando el Gobierno Nacional, así como anunciar medidas de estabilidad para el sector y de solución de controversias

Finalmente, queremos dejar expresa nuestra convicción de que con relación al fallo reciente de la Acción Popular, la Agencia Nacional de Infraestructura ha manifestado y respaldado esta acción y la califica como un logro para erradicar la corrupción, además reitera su decisión de no apelar la medida como una muestra por el respeto a la división de poderes que sostiene el régimen democrático en nuestro país