La Procuraduría encontró presuntas irregularidades en el convenio de la línea de emergencia

Por presuntas irregularidades en la contratación en el Quindío de la línea de emergencia por $2.360 millones y en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES-, la Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al gobernador de Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y otros tres funcionarios de la Administración.

Los otros funcionarios llamados a audiencia son el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao; y al gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-, David Viera Mejía.

“Al parecer en la adjudicación presuntamente se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU”, explicó el Ministerio Público.

Añadió el organismo de control que ante la aparente imposibilidad de realizar los trabajos contratados, ESU subcontrató a un tercero, con lo que terminó cumpliendo un papel de intermediario, lo que habría incrementado en un 10% los costos de ejecución.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta del gobernador Osorio Buriticá como una falta gravísima a título de culpa grave. Los restantes habrían cometido una falta gravísima con culpa gravísima.

La Procuraduría indicó que la audiencia pública con el Gobernador del Quindío y los otros funcionarios de su Administración fue fijada para el 3 de septiembre próximo.

Por su parte, el gobernador Osorio Buriticá señaló que “nosotros no tenemos ni sentimos una culpa, pero es a los entes de control a los que les toca preguntar y nosotros aclarar. Estamos tranquilos. Hasta que no haya un fallo no emitimos un concepto, sería irresponsable. Estamos confiados en que todo va a salir bien, creo en el Estado de Derecho”.

El gobierno de Osorio, como el de todos los gobernadores y alcaldes del país, finalizará el próximo 31 de diciembre.

En marzo pasado la Procuraduría abrió investigación disciplinaria al Gobernador del Quindío y a nueve mandatarios departamentales más por una presunta mora en adelantar el proceso contractual para seleccionar el operador del Programa de Alimentación Escolar, PAE, para la vigencia 2018.

Osorio Buriticá es investigado junto con el Secretario de Educación porque la alimentación a los escolares del departamento en los colegios públicos no se suministró el año pasado desde el primer día del calendario escolar, a finales de enero, sino que se empezó desde el 21 de mayo a los 22.374 alumnos beneficiados.

El 2 de febrero de 2018, la Gobernación del Quindío anunció que la declaración del PAE quedó desierta porque los dos oferentes no cumplían con los requisitos técnicos.

Otros mandatarios encartados

El actual periodo de los mandatarios regionales (2016-2019) ha sido especialmente  complejo porque varios de ellos han salido del cargo investigados penal o disciplinariamente. Precisamente esta semana también la Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al gobernador encargado del departamento de La Guajira, Wilbert Hernández Sierra, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para el aprendizaje de inglés en docentes y estudiantes, el cual señalaba que los municipios beneficiados serían 38, pero el departamento solo tiene 15.

En junio pasado la Corte Suprema condenó a siete años y cinco meses de prisión al gobernador del Caquetá, Álvaro Pacheco, por el delito de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor en un caso de investigación que se relaciona con parapolítica.

Mientras que el primer gobernador del actual periodo en salir fue Oneida Pinto en La Guajira, a quien el Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección. En tanto que el gobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carebilla, quedó fuera del cargo porque la Corte Suprema lo condenó a 14 años y siete meses de cárcel por un hecho relacionado con corrupción mientras fue representante a la Cámara.

También la Corte condenó a 10 años y 15 días de prisión intramural a Wilmer González Brito, gobernador de La Guajira, tras declararlo responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado y fraude procesal, así como determinador del delito de corrupción de sufragante en la campaña que adelantó para los comicios atípicos de noviembre de 2016.

En enero pasado la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad.

En octubre del año pasado como resultado de una investigación de la Fiscalía que se extendió por cerca de un año fue capturado el gobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, y varios de sus funcionarios implicados en un escándalo de corrupción sobre la asignación de contratos a particulares sin el lleno de los requisitos.