“La extradición es una herramienta muy fuerte para Colombia, para Estados Unidos, para las víctimas y para el acuerdo de paz”, sostuvo ayer el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, al insistir en que Seuxis Paucias Hernández (Jesús Santrich) sea enviado a la justicia de su país.
“Jesús Santrich está acusado en una Corte de Estados Unidos de haber violado la ley estadounidense, por eso estamos buscando su extradición y vamos a seguir en eso”, reiteró.
“Cualquier persona o institución que pueda trancar las extradiciones afecta los intereses de Estados Unidos, afecta los intereses de Colombia y de todos los que anhelamos la paz”, dijo Whitaker.
Según el diplomático, hay preocupación ante la posibilidad de que los miembros del partido Farc que cometan delitos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz no sean extraditados.
Whitaker recordó que en el acuerdo de paz quedó establecido que cualquiera que cometa delitos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz quedaría sometido a la justicia ordinaria y si es pedido en extradición ese proceso no podía frenarse.
En junio, Estados Unidos formalizó el pedido de extradición de Santrich, quien había sido capturado el 9 de abril por su presunta vinculación con un plan para exportar cocaína.
Tras las declaraciones de Whitaker, la senadora Victoria Sandino, del partido Farc explicó que “ya hace más de seis meses que capturaron a Jesús Santrich con ese argumento de que las justicia norteamericana tenías las pruebas”, pero “la misma Fiscalía luego sale y dice que no las tiene. Y ahora la Embajada persiste en la extradición. Lo que decimos es muestren las pruebas y que las presenten ante la JEP. Y la defensa jurídica de Santrich exige la libertad, porque no se ha mostrado ninguna prueba”.
Entre tanto, el senador de la Alianza Verde, Jorge Londoño, expresó que “ya se ha dicho en varias oportunidades que si los hechos ocurrieron tiempo después de que se iniciaba el proceso de responsabilidad, pues bueno deberán responder, siempre y cuando lo hemos dicho existan pruebas fehacientes, siempre y cuando los hechos que se le indilgan sean corroborados, pues cada uno debe responder por sus actos”.
El senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega, señaló que hay procedimientos y Colombia se rige por la Constitución y las leyes. “En el caso de Santrich, estamos a la espera de que la JEP haga su pronunciamiento y mirar si le corresponde a la Corte Suprema de Justicia ver si debe aceptar la extradición y si el Jefe del Estado la hace”.
La senadora del Partido Conservador, Esperanza Andrade, anotó que se debe tener cuidado, porque está en juego el proceso de paz, “y sabemos que los colombianos debemos apostarle a que ese proceso continúe”.
La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, indicó que “por supuesto, es que Santrich delinquió después del acuerdo. Cuando usted trafica droga sobre todo con efectos de exportarla a los Estados Unidos, está cometiendo un crimen federal”.
Como lo publicó ayer mismo EL NUEVO SIGLO, la Fiscalía anunció que compartió con la JEP 12 audios del caso contra Santrich. Entre las pruebas enviadas se encuentran las interceptaciones telefónicas adelantadas por la DEA a las comunicaciones de Santrich y Marlon Marín -sobrino de Luciano Marín (Iván Márquez)- en los cuales se evidenciaría la forma en cómo se planeaba el envío de varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
La Fiscalía envió estas pruebas dentro del estudio que adelanta la JEP para determinar la pertinencia del pedido de extradición. Si la JEP considera que hay lugar a la solicitud norteamericana, Santrich perderá los beneficios del proceso de paz y el expediente pasará a la justicia ordinaria, es decir a la Corte Suprema.