Hay información nueva para ser recopilada en la investigación que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre desaparición forzada en la Comuna 13.

Así lo anunció ayer la JEP con base en los resultados de la audiencia realizada la semana pasada en Medellín con víctimas de ese delito, quienes han pedido medidas cautelares para proteger el sector de La Escombrera de intervenciones urbanísticas, ello hasta que sean encontrados más de 100 cuerpos que se considera fueron enterrados allí producto de la guerra que en los años 90 y principios de este siglo libraron grupos guerrilleros y paramilitares por el control de ese territorio.

Se trata de una de las primeras audiencias que adelanta hasta el momento la JEP a nivel regional con víctimas en cumplimiento de su función de búsqueda de la verdad y de la reparación, así como sanción a los graves delitos ocurridos en el conflicto armado.

La audiencia buscaba recoger información para determinar si se dictan medidas cautelares en algunas zonas de esta Comuna 13, donde habría cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada.

La JEP indicó ayer que “en la diligencia quedaron en evidencia acciones estatales que han impedido la consolidación de las cifras de las víctimas de desaparición forzada y han puesto en riesgo la recuperación de los cuerpos de las personas desaparecidas. Por ejemplo, se supo que la Fiscalía habría perdido restos de víctimas de desaparición forzada que ya habían sido encontrados”.

Aunque la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP empezó a estudiar la adopción de medidas cautelares hace más de nueve meses y ha hecho numerosos requerimientos a las entidades involucradas, indicó que “la audiencia pública permitió que nueva información saliera a la luz”.

Por ejemplo, explicó la JEP, “se supo de la existencia del documento ‘Investigación preliminar de la desaparición forzada en la comuna 13 de Medellín’, que Metroseguridad (Hoy Empresa de Seguridad Urbana) le había encargado a la Universidad de Antioquia en 2010, y que la Alcaldía de Medellín no había presentado a la magistratura en sus respuestas oficiales. La JEP ordenó a esta entidad entregar esta información en tres días hábiles”.

De igual forma entre otras inconsistencias, según la JEP, se denunció la construcción de proyectos de vivienda sobre zonas de interés para la búsqueda de cuerpos de personas desaparecida. “También que la Fiscalía habría perdido restos de víctimas de desaparición forzada que ya habían sido encontrados y, no menos importante, que la Gobernación de Antioquia habría prorrogado los títulos mineros en la zona, sin tener en cuenta la situación de orden público que se vivía en la Comuna 13”, señala el texto de la jurisdicción especial.

Frente a esto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad le ordenó a la Gobernación de Antioquia presentar los informes de fiscalización minera que ha hecho en las zonas de La Arenera y La Escombrera, en el marco de los títulos mineros otorgados por la Secretaría de Minas. También le dio un plazo de 30 días a la Gobernación para que presente un plan de memoria para honrar a los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín.

Finalmente la JEP indicó que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad evaluará las medidas a tomar en sector de Medellín con la información recolectada en esta audiencia y la nueva que fue solicitada.