La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una citación al general retirado Mauricio Santoyo, quien ocupó el cargo de jefe de seguridad de la Casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe. La audiencia, programada para el 21 de marzo de 2024 en Bogotá, tiene como objetivo obtener aportes adicionales a la verdad en el contexto del macrocaso 008, sobre los cargos de concierto para delinquir y desaparición forzada, bajo la dirección de los magistrados Óscar Javier Parra Vera y Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez
La JEP expresó su preocupación por la falta de detalles en la información proporcionada por Santoyo hasta el momento. En consecuencia, se espera que durante la audiencia, el general retirado amplíe los pormenores relacionados con los delitos de concierto para delinquir y la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).
La desaparición forzada de Monsalve y Quintero ocurrió en diciembre de 2001, cuando Santoyo era coronel de la Policía y comandante del Gaula en Medellín. La JEP asumió la competencia en marzo de 2020, y a pesar de la reticencia inicial del general retirado a comparecer ante esta jurisdicción, su participación es obligatoria.
Santoyo, tras cumplir condena en Estados Unidos, admitió haber sido socio de grupos paramilitares entre 2001 y 2008. Durante su periodo como jefe de Seguridad de la Casa de Nariño, estableció estrechos lazos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptando asistencia y apoyo en diversas operaciones.
Además de los cargos relacionados con las desapariciones forzadas, la Fiscalía colombiana acusa al general de haber interceptado más de 1.800 líneas telefónicas durante su mandato como director del Gaula Urbano en Medellín entre 1995 y 2001. Estas interceptaciones, según testimonios de líderes paramilitares, fueron utilizadas para dirigir operaciones contra sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Santoyo regresó a Bogotá en abril de 2019 después de cumplir su condena en Estados Unidos. Su retorno fue recibido con una orden de captura emitida por la Fiscalía colombiana, basada en los hechos que actualmente están bajo investigación en la JEP, marcando una nueva etapa en la búsqueda de justicia para crímenes del pasado.