Ratificar el llamado hecho a 31 miembros del partido Farc para que presenten un informe detallado de las acciones realizadas para cumplir con las condiciones de acceso y permanencia en este sistema de justicia transicional, le solicitó la Procuraduría General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En concepto enviado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, el Ministerio Público pidió negar el recurso de reposición sustentado por nueve de los 31 integrantes del partido Farc, quienes se niegan a entregar el informe bajo el argumento de que no es la etapa procesal indicada para rendirlo.
Los miembros de la Farc sobre los que se pidió negar el recurso son Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo Torres, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Luis Oscar Úsuga (Isaías Trujillo), Rodrigo Granda, Seuxis Paucias Hernández (Jesús Santrich), José Benito Cabrera (Fabián Ramírez), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez) y José Aldinever Sierra (el Zarco).
Para el Ministerio Público, la solicitud de la JEP se origina en las competencias de esta jurisdicción para verificar que los ex miembros de las Farc cumplan progresiva y gradualmente los compromisos derivados del Acuerdo Final y las obligaciones fijadas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La Procuraduría señaló que el nivel de contribución y cumplimiento de los compromisos adquiridos determina la magnitud de los beneficios para quienes se acogieron al sistema, razón por la cual la solicitud de la sala no se puede limitar a una etapa del proceso, dado que esa colaboración debe ser integral con todo el sistema y en forma permanente.
Le puede interesar: Disidencias de las Farc estarían reinstalando minas antipersonas.
Sobre la ausencia de algunos ex militantes de las Farc en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, el Ministerio Público señaló que no constituye una falta a sus obligaciones con el sistema, siempre y cuando continúen adelantando las actividades individuales y colectivas que permitan llevar a cabo la implementación del Acuerdo Final y su proceso de reincorporación.
En concepto de la Procuraduría el sometimiento a la JEP se fundamenta en la libertad individual y el libre ejercicio de los derechos de los comparecientes, siempre y cuando cumplan con los compromisos adquiridos.
Como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, anunció el 10 de septiembre un auto en el que se pide a 31 exjefes guerrilleros rendir cuentas sobre lo que han hecho, en especial en el caso de retenciones ilegales para ayudar a ubicar los restos humanos de las víctimas.
Indicó que entre los que tiene que rendir el informe se encuentran los antiguos integrantes de la cúpula de la entonces guerrilla, quienes podrán entregar el informe personalmente o a través de sus abogados.
Señaló que luego de cumplido este proceso, la información será analizada por la Justicia Especial de Paz y posteriormente en el caso de que se evidencie que no se está cumpliendo con los acuerdos de paz se estaría a determinar cuáles serían las medidas que se tomarían contra los infractores.