Por presuntas irregularidades en un contrato firmado por la Alcaldía de Villavicencio por $1.998'195.500 para el suministro de alimentos en los centros vida, a adultos mayores en estado de vulnerabilidad y/o extrema pobreza, la Procuraduría General abrió investigación a tres funcionarios.
Se trata de la secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana, Maritzabel Ramírez Gómez; al interventor del Contrato 871 de 2016, suscrito entre la alcaldía y la Corporación Social y Cultural de la Orinoquía, Julián Andrés Vargas Álvarez; y al coordinador del Programa del Adulto Mayor y supervisor del Contrato de Interventoría 969 de 2016, Sehir Esgardo Rodríguez Rodríguez.
El Ministerio Público busca esclarecer las denuncias de la veeduría ciudadana Comunidad Villavicencio que señalan a Ramírez Gómez de consignar falsedades al efectuar la evaluación técnica y certificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual.
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Entre tanto, a Vargas Álvarez se le investiga por supuestamente duplicar pagos, faltar a la verdad al certificar el cumplimiento del contrato, entregar alimentos a personas no beneficiarias y por otras irregularidades en el control del servicio.
Asimismo, el interventor es señalado por la supuesta omisión de verificar y certificar la entrega de 10 cupos adicionales ofertados por Corsoculdeorinoquía, que fueron un factor decisivo en el puntaje que obtuvo.
"En el curso de la investigación el ente de control verificará si Rodríguez Rodríguez incumplió su función de constatar que el interventor hubiese llevado a cabo sus obligaciones, pues en caso de haberlas omitido habría podido favorecer económicamente al contratista", aclaró la Procuraduría.
En ese sentido, la entidad indicó que los implicados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.