Por la presunta omisión de publicaciones relacionadas con la actividad contractual del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), la Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Fiduprevisora S.A.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal indicó que las presuntas irregularidades se habrían evidenciado desde el pasado 18 de julio de 2022 y hasta la fecha, con lo que posiblemente se pasó por alto darle cumplimiento a la orden que sobre el particular emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Ente de control señaló que, según dieron a conocer medios de comunicación, las dos entidades se han adjudicado mutuamente la responsabilidad de actualizar la información en el portal indicado, para justificar de ese modo la inobservancia de un deber al que estaban obligadas.
La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Más funcionarios de la Ungrd investigados
El pasado 31 de julio la Procuraduría General de la Nación ordenó vincular al exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sneyder Pinilla Álvarez, a la investigación que se abrió el ocho de abril por las presuntas irregularidades en la compra de 1.000 tanques de reserva de agua para rancherías de La Guajira, que inicialmente aperturó contra el exdirector Olmedo López Martínez.
El Ministerio Público también incluyó en calidad de investigados a Pinilla Álvarez, al exsubdirector general de la UNRGD, Víctor Andrés Meza Galván; y a la vicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora S.A., Daniela Andrade Valencia, en el expediente que se abrió el 31 de mayo por los posibles sobrecostos que se pagaron para adquirir tres plantas desalinizadoras por $42 mil millones para La Guajira.
En ese proceso, en el que igualmente está vinculado López Martínez, el Ente de control adujo que los dos primeros servidores aparentemente realizaron la convocatoria de cotizantes y selección del contratista, e instruyeron a la fiduciaria para elaborar el negocio jurídico, y en el caso de Andrade Valencia, quien suscribió el contrato como representante de Fiduprevisora S.A., vocera y administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.