La Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra funcionarios locales debido a posibles irregularidades en contratos vinculados con la construcción de viviendas de interés social. Esta acción surge a raíz de una queja donde se advierte que los contratos asociados al proyecto se celebraron con recursos de regalías, y se señala la falta de transparencia en el proceso.

El ente de control expresó que "según la denuncia que se recibió de un particular también se habrían presentado anomalías en el negocio jurídico firmado, para adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal del proyecto, por un valor que sobrepasó los $1.200 millones de pesos, las cuales serán investigadas"

Asimismo, se revisarán los detalles de otros contratos relacionados con el proyecto, como el destinado a la supervisión jurídica y administrativa, que ascendió a $66 millones de pesos.

El Ministerio Público hizo hincapié en que los contratos parecen haber sido gestionados sin disponer de un terreno adecuado y sin garantizar la infraestructura básica como servicios públicos. Estos hallazgos levantan sospechas sobre posibles violaciones al principio de transparencia en la ejecución de este proyecto crucial para la comunidad.

La Procuraduría, en su papel de vigilancia y control, solicitó la práctica de pruebas exhaustivas para esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los funcionarios implicados. Esta situación se suma a otros escándalos de corrupción que han afectado a La Guajira este año, evidenciando la urgencia de investigar y sancionar cualquier conducta irregular que menoscabe el interés público y la transparencia en la gestión de recursos destinados a proyectos sociales.