Una indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abrió la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades relacionadas con la demora en la devolución automática de saldos, a favor de los contribuyentes de los impuestos de renta y complementarios, e IVA.

A través de un comunicado, la Procuraduría informó que busca establecer que los parámetros de puntuación y clasificación de riesgos definidos por la DIAN para identificar y calificar a los contribuyentes que solicitan la devolución y/o compensación de saldos a favor, respondan a criterios de igualdad y transparencia.

Así mismo, identificar que la aplicación del beneficio establecido por el Gobierno nacional se ha cumplido de manera uniforme y equitativa, con base en una clasificación que obedece a la situación tributaria real del ciudadano.

Con la apertura de la indagación se busca determinar la ocurrencia de los hechos señalados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, identificar al autor o a los autores de la misma, además de establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, atendiendo lo previsto en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).

De otra parte, la Procuraduría anunció que citó a juicio disciplinario al expresidente de la Asamblea de Vaupés, German Ladino, de la Alianza Social Independiente (ASI), por presunta extralimitación de funciones.

Al parecer, el exdiputado habría suscrito de manera directa el Convenio 001 de 2015, con la Corporación Centro de Consultoría, Investigación y Edición Socio-Económica (Ccies) para la convocatoria de un concurso de méritos para la elección del contralor.

La Procuraduría Regional de Vaupés señaló que aparentemente el CCIES en su objeto social no cuenta con la especialidad en procesos de selección de personal.

Para el órgano de control, la conducta de Ladino podría ser contradictoria de la Resolución N° 128 de 2015, donde se acordó que la Asamblea adelantaría la convocatoria “a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en proceso de selección de personal”.