Una inspección judicial al relleno sanitario de Doña Juana, en el sur de Bogotá realizó un grupo de agentes del CTI, bajo la coordinación de fiscales especializadas de la dirección de Medio Ambiente.

La diligencia forma parte de una indagación preliminar que inició el ente acusador a raíz de las denuncias de la propia ciudadanía sobre malos olores en los barrios circunvecinos al relleno, en la localidad de Ciudad Bolívar y Usme.

Los investigadores, en este caso, analizan si hay mérito para emprender acciones judiciales por posibles responsabilidades penales, en relación con una presunta omisión en materia de prevención de esta problemática ambiental, que viene afectando a los habitantes que residen cerca al área donde está ubicado este relleno sanitario.

Los peritos de la Fiscalía avanzan en la recolección de posibles elementos de prueba que permitan direccionar las respectivas investigaciones y evaluar el posible daño ambiental causado.

Fuentes judiciales explicaron que los elementos recogidos serán sometidos a pruebas técnicas, para definir cuál sería el grado de contaminación en esta zona del relleno sanitario de Doña Juana.

“Un Fiscal y un equipo de peritos y técnicos del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, expertos en delitos medio ambientales, iniciaron esta mañana la diligencia de inspección, para la recolección de muestras y elementos materiales probatorios”, explicó la Fiscalía en la apertura de investigación.

Recientemente la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, le impuso una segunda sanción al operador CGR, encargado del manejo de residuos y lixiviados del Relleno de Doña Juana al encontrar incumplimiento en las normas ambientales indicadas por el Distrito.

La multa, que es equivalente a 150 salarios mínimos vigentes legales y suman 110 millones de pesos, fue impuesto luego de que se comprobara que el operador no hiciera un correcto control de vectores es decir, moscas e hiciera una mala cobertura de los residuos que han ocasionado deslizamientos dentro del predio.

La Uaesp aseguró que esta segunda sanción es un “ultimátum” al operador, ya que de haber un tercer proceso contra el CGR, esto implicará que tenga que ceder el contrato del manejo de la basura en Doña Juana.