Tras la masacre en el norte del Cauca esta semana de cinco integrantes de la Guardia Indígena y que dejó seis personas más heridas, más de 80 personas representativas en los campos de la academia, la producción y la política, entre otros, coincidieron ayer en la necesidad que tiene el país de adoptar un pacto de Estado por el diálogo social que permita tramitar los conflictos políticos y sociales sin recurrir a la violencia.

En una comunicación los firmantes, entre ellos el procurador Fernando Carrillo y el defensor del Pueblo, Carlos Negret, manifestaron frente al crimen de los indígenas en Cauca “nuestra profunda tristeza y el más enérgico rechazo a esta y todas las acciones que vulneran el derecho fundamental a la vida, y que rompen la sana convivencia con los hermanos que históricamente han trabajado por el cuidado y protección del territorio”.

Añaden los firmantes, que hacen parte de la iniciativa que busca promover un Pacto de Estado por el Diálogo Social que permita tramitar los conflictos políticos y sociales sin recurrir a la violencia bajo mecanismos que valoren y respeten las diferencias, que “continuaremos con esta labor sin descanso y proponemos la coordinación entre las diferentes autoridades constitucional y legalmente establecidas para fortalecer la cohesión social alrededor del respeto por la dignidad humana como pilares esenciales para la vida en armonía”.

Agrega la comunicación que hechos como estos “no pueden seguir siendo sólo un registro noticioso o una cifra más de la estadística; exigen de parte de las autoridades del Estado contundencia en su deber, y también son un llamado para la sociedad civil a la reflexión y a la acción, para que mediante el trabajo en conjunto impulsemos mecanismos pacíficos que resuelvan nuestras diferencias y rechacen a quienes persistan en la violencia y la ilegalidad”.

Finalizan señalando los promotores de esta iniciativa que “rechazamos todas las expresiones de violencia y seguiremos promoviendo el diálogo social como instrumento que reafirma el valor de la vida”.

Entre los firmantes están además del Procurador General y el Defensor del Pueblo, Luis Fernando Arias, consejero Mayor de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia); Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT (Confederación General del Trabajo); Pastor Lisandro Alape Lascarro, desmovilizado de las Farc y dirigente del Partido político del mismo nombre; Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); Juan Mayr Maldonado, exministro de Ambiente; Lina Morreno de Uribe, esposa del expresidente Uribe; padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, entre otros.

El Pacto de Estado por el Diálogo Social ha sido liderado por el procurador Fernando Carrillo, el cual se ha enmarcado en la Cumbre sobre Diálogo Social que ya ha efectuado tres grandes encuentros en Cerrito (Valle), Carmen de Viboral (Antioquia) y Paipa (Boyacá).

El procurador Carrillo ha señalado que “un diálogo social institucionalizado es la clave para podernos entender que Colombia necesita construir espacios nuevos a muchas manos, espacios basados en el respeto que nos unan como país, desde nuestras diferencias”. Agregó que “tenemos que focalizar nuestros esfuerzos en tratar de crear escenarios donde se pueda hablar, y construir nuevos espacios a muchas manos. Parte del futuro de Colombia depende de cómo podamos incorporar más actores a este proceso”.

Reunión con indígenas

Tras reiterar el compromiso del Gobierno con la seguridad de los indígenas la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció ayer que la próxima semana se reunirán con pueblos en el Cauca.

“Tenemos planteada desde la semana pasada una reunión en el Cauca, una reunión de derechos humanos que se había aplazado con motivo del proceso electoral, pero está planteada para el próximo miércoles”, señaló.

Explicó la Ministra que “es una reunión para, con las autoridades territoriales, indígenas y el Gobierno nacional, encontrar puntos de acuerdo a efectos de reforzar todos los temas de protección”.

El pasado miércoles el presidente Duque tras encabezar un consejo de seguridad en el Cauca por los asesinatos de indígenas, 126 en su gobierno, determinó enviar a ese departamento 2.500 militares para reforzar la seguridad.