Por el incumplimiento de lo sentenciado respecto a los vertimientos de aguas residuales domésticas en la cárcel ‘Nueva Esperanza’, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés iniciar un incidente de desacato por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
El ente de control aseveró que, a pesar de que el tribunal ordenó medidas cautelares desde el 2022 y de contar con un fallo de acción popular que protegió los derechos colectivos de los sanandresanos, las descargas intermitentes de aguas residuales persisten en el sector de Schooner Bight por falta de un sistema apropiado para su manejo y recolección.
También advirtió que de manera irresponsable y deliberada el INPEC y la USPEC han incumplido la orden judicial emitida desde el 2022, consistente en remover las tuberías que salen a los predios vecinos para evitar afectaciones a quienes habitan en las zonas aledañas a este centro carcelario.
La Procuraduría refirió que en visita de seguimiento efectuada a la cárcel ‘Nueva Esperanza’, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés (Coralina) evidenció una infracción ambiental relacionada con la prohibición de verter aguas en calles, calzadas y canales o alcantarillados para aguas lluvias.
Finalmente, el Ministerio Público aseguró que adelanta esta actuación con el fin de garantizar, entre otras, el goce de un ambiente sano y la salubridad pública, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley.