Son 97 familias de la comunidad las que permanecen en lamentables condiciones en la vecina Docordó, en medio de la estigmatización, las enfermedades y la ausencia del Estado.

_____________________________
 

Confinamiento, enfermedades y miedo. Esta es la situación que viven desde hace casi cuatro meses 97 familias indígenas, conformadas por 420 personas, de la comunidad Wounaan que fueron desplazadas de su resguardo Pichimá Quebrada, que está ubicado en el municipio Litoral de San Juan, en el extremo sur del departamento de Chocó, al occidente de Colombia.

El pasado 3 de junio esta comunidad tuvo que marcharse hacia el casco urbano del municipio de Docordó tras los enfrentamientos del día anterior (2 de junio) entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las desmovilizadas Farc. Desde entonces viven en tres refugios (el más grande es de casi 100 metros), con techos y paredes casi cayéndose y solo tres baños disponibles. 

“Prácticamente viven uno encima del otro. Esto ha generado enfermedades respiratorias, infecciones, diarrea… Incluso un niño de un año murió a finales de julio y aún no saben por qué. Fueron al médico varias veces y la atención no fue adecuada. Ellos sufren discriminación y estigmatización, la gente cree que por ser indígenas no sienten dolor”, le contó Evan King a la Agencia Anadolu. Él es miembro del equipo internacional de la ONG estadounidense Witness for Peace (WFP) Solidarity Collective.

King también habló del caso de una mujer mayor “que ya ni se puede mover por el dolor y que dejó de ir (al médico) porque nunca la quisieron atender como debía ser”.

En medio de este contexto, los más de 400 indígenas (incluidos 200 menores y unas 55 personas mayores de 50 años) esperan volver a su tierra, en la que hay varios grupos armados que se disputan los corredores del narcotráfico y la minería ilegal. 

Sin embargo, las condiciones aún no están dadas para su regreso. Así lo señaló Samantha Wherry, acompañante internacional de WFP Solidarity Collective, quien realizó una visita a finales de agosto a esta región del Chocó para analizar el escenario de un posible retorno. Aunque el Ejército dice que no hay presencia de criminales, los pobladores locales no confían en esa afirmación. 

"Retornamos con miembros de la comunidad para hacer una verificación. Cuando entramos no había nadie, pero ellos dicen que sí hay botes que entran y salen... Se piensa que es el ELN", agregó.

La ONG ha recogido otra serie de denuncias de los Wounaan, que se refieren al confinamiento hecho por parte del ELN durante el primer día de combates y otras que incluyen a la Fuerzas Armadas de Colombia (FFAA). 

“Hay una hipótesis de que la guerrilla opera libremente en la zona. Incluso, cuando sucedió el enfrentamiento, el Ejército estaba en Pichimá Playa, más cerca de Docordó. En ese momento había fuerte presencia de las Fuerzas Militares, un buque de guerra en Docordó y una Brigada haciendo control del río San Juan”, denunció Evan King.

Además, la comunidad señala que miembros de las Fuerzas Armadas irrumpieron y destruyeron algunas de sus viviendas, utilizaron elementos personales y de salud e incluso cobraron impuestos para permitir el ingreso de alimentos al resguardo.

“El Ministro de Defensa dijo que había mil soldados desplegados en el río San Juan, pero igual en la noche pasan lanchas grandes y no son detenidas ni nada. A los únicos que requisan es a la población civil. Incluso hay denuncias de que les están cobrando impuestos. Cuando la comunidad viene con mercados grandes, el Ejército les cobra un impuesto y si no les pagan, se los incautan. Les dice: 'Ah, eso va para los grupos armados, ¿usted para qué necesita tantas cosas?'”, detalla el miembro de la ONG.

King también señala que hay acusaciones de que el mismo Ejército participa en actividades de minería ilegal en el territorio. Algunos de estos señalamientos también los menciona la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización que representa a la comunidad de Pichimá Quebrada.

Santiago Mera, vocero de la Comisión, dijo que varias comunidades indígenas de la zona, no solo la de Pichimá Quebrada, han manifestado que el Ejército en ciertos momentos les ha prohibido el ingreso de alimentos “argumentando que era para abastecer a los grupos al margen de la ley”.

“Ellos (los indígenas) nos lo dicen, pero no lo podemos comprobar... Hemos pedido pruebas, pero no hemos tenido esta respuesta. Por lo tanto, esta afirmación no la podemos hacer de manera contundente”, indicó Mera. 

El vocero también señaló la presencia de grupos ilegales a pesar del gran número de unidades de la Infantería de Marina y la Fuerza Pública: "No es un secreto que haya movilidad del ELN en la zona, pero también hay movilidad de paramilitares y disidencias de las Farc. Es lo que cuestionamos: con 1.500 hombres, ¿se permite la movilidad de todos estos actores, se genera un desplazamiento y no hay reacción?”. 

Además de la asistencia de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, que también ha trabajado en un plan de retorno, la única organización que ha apoyado a esta comunidad es el Consejo Noruego de Refugiados. Según las ONG, “hay una desconfianza muy grande en la gente”. 

Para corroborar esto, la Agencia Anadolu contactó al coronel Alex Ramírez, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 de la Armada. El oficial confirmó que aquel 2 de junio hubo un enfrentamiento entre el ELN y el Grupo Armado Organizado (GAO) residual ‘30’, “inicialmente disidencias”, y que desde ese mismo momento se coordinó el envío de vuelos de reconocimiento del área, que se realizaron ese día, y de tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 21 (adscrito a la Brigada No. 2).

No obstante, reconoció que no fue posible el acceso inmediato con hombres dada la extensión de la zona y la distancia, pues, según indicó, el área de responsabilidad de la Brigada 2 abarca 19.800 km cuadrados. “No estábamos en Pichimá Playa cuando se presentan los hechos. Tuvimos que estructurar unidades, dos pelotones, y en la noche los enviamos a bordo del buque para Pichimá Playa y luego a Pichimá Quebrada. Es muy difícil. Para poder abarcar toda la jurisdicción necesitaría por lo menos 200.000 hombres, lo que tiene todo el Ejército Nacional”, dijo. 

El coronel detalló que en dicha área hay cuatro unidades territoriales y que una vez se transfirió la información, hubo respuesta, “que no fue inmediata con tropas sino con medios aéreos, porque las tropas se desplazan por buque y estaban llegando en la madrugada del día 3 (de junio). Pero el mismo día se enviaron aeronaves y sobrevuelos de reconocimiento desde el Comando Aéreo de Combate (Cacom) No 7, con sede en Cali”.

También confirmó que en el área ha habido combates de baja intensidad y se han encontrado cartuchos de munición, artefactos explosivos, minas, vainas (cartuchos usados), elementos de intendencia y rampa de explosivos, por lo que la presencia de personal militar “se mantiene activa”. 

“Tuvimos los combates y allá seguimos. No hemos retirado las tropas. Muchas se mantienen de seguridad diaria, a la ofensiva, y con las limitaciones que mencioné anteriormente”, explicó el militar.

No obstante, Ramírez declaró que han hallado dificultades para enfrentar estructuras ilegales. "Los bandidos no se están enfrentando a la tropa. Pero cuando hay presencia de tropa, ellos desafortunadamente se camuflan, se mimetizan, y es muy difícil combatirlos (…) Su presencia no es activa, no están uniformados o portando armas largas, por lo que no es fácil identificarlos. Además, en muchas ocasiones amedrentan a la población, que no nos da información", comentó.

Sobre las denuncias, el coronel aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna, pero aclaró que ellos no toleran situaciones que se salgan del margen de la legalidad. "Entonces en caso de que haya denuncias o encontremos evidencias, tomaremos todas las acciones disciplinarias y penales que correspondan”, reiteró. 

También agregó: “Estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes como para que se presenten situaciones de este tipo. Nuestros hombres están trabajando en función de las comunidades, de su seguridad". 

El oficial recalcó el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de la Institución, y para este caso, “respeto por los indígenas”, pero también insistió en su disposición para actuar ante irregularidades: “Si hay alguna información o denuncia, abro el canal de la Brigada y recibiré a las personas que así lo consideren para que me hagan conocer cualquier tipo de hechos y tomamos acción”.

Finalmente, afirmó que si les dicen que la comunidad va a retornar, garantizarían su seguridad, desplegarían las tropas y harían presencia entre Pichimá Playa y Pichimá quebrada.

Este es el segundo desplazamiento que enfrenta esa población después de uno ocurrido el 11 de abril de 2016. Aunque ya han pasado casi cuatro meses y ha habido varios llamados por parte de la comunidad para que las entidades nacionales “asuman su responsabilidad”, aún no ha pasado nada. De hecho, según indicó Santiago Mera, el Gobierno Nacional canceló una reunión que tenía prevista para la semana siguiente a la verificación y no ha respondido a una nueva convocatoria.

Por lo anterior, se interpuso una acción de tutela para obtener una respuesta oficial, recurso que un juzgado penal de Bogotá falló a favor de la comunidad indígena y que le ordena a las diferentes entidades estatales, incluida la Presidencia y el Ministerio del Interior, que garanticen “medidas de protección y planes de salvaguarda étnica”, un programa de ayuda humanitaria para la población desplazada, atención integral y permanente para la comunidad Wounaan y atención especial para la niñez indígena, así como el restablecimiento de sus derechos.

También le ordena al Ministerio de Defensa implementar inmediatamente un cronograma de desminado del resguardo, “controles perimetrales” y medidas de seguridad ante un eventual retorno al resguardo; y a la Alcaldía del Litoral de San Juan, que convoque de urgencia el Comité de Justicia Transicional para hacer seguimiento de la situación y que se “acaten los compromisos adquiridos”. 

Mientras estas y otras medidas incluidas en la sentencia se cumplen, "la comunidad sigue desplazada y en peores condiciones”, afirma Evan King.

Los representantes de WFP Solidarity Collective han hecho varios llamados al Gobierno colombiano en los que lo instan a que se “empiece a negociar con el ELN, que se abra un proceso de paz con esta guerrilla y un cese al fuego, porque la que está sufriendo es la sociedad civil”. Esto, aclarando que no son un actor político ni están tratando de intervenir en la política doméstica de Colombia.

También piden que se le preste atención a toda la comunidad indígena del país, que “está sufriendo las consecuencias más graves de la guerra... Esto es un pequeño reflejo de lo que se está dando alrededor del país, con más de 40.000 indígenas desplazados desde el acuerdo de paz y con los indígenas del norte del Cauca declarando ser víctimas de un genocidio”.

Igualmente le piden al gobierno de Estados Unidos que, como principal aliado y proveedor de asistencia militar de Colombia, presione a las autoridades del país para que “cumplan las normas internacionales” y los compromisos adquiridos en el proceso de paz con las desmovilizadas Farc.

En este sentido, le solicitan a la Casa Blanca que cumpla con la Ley Leahy, introducida por el senador Patrick Leahy en los 90, que dice que la Casa Blanca no puede proveer ayuda militar a ningún grupo armado (ya sea Ejército o de otro tipo) “que sistemáticamente esté violando los derechos humanos e incumpliendo las normas internacionales de derecho internacional humanitario, como es el caso de las Fuerzas Armadas colombianas”.

“(EEUU) le da dinero a brigadas del Ejército que no están protegiendo a nadie y están violentando derechos. No solamente no están dando protección a la población civil, como vemos en el caso de Pichimá Quebrada, sino que ellos mismos están siendo acusados de violentar los derechos de esa población”, afirma Evan King.

Para esta ONG “lo que se está dando es un etnocidio, se está exterminando una cultura, una lengua, al no proveer la garantías que están declaradas y que los Gobiernos de Colombia y EEUU se han comprometido a proteger”.