La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, que prestan servicios de vigilancia, custodia y administración en la cárcel El Bosque de Barranquilla.

La acción disciplinaria se inició tras conocer la denuncia pública realizada a través de la red social X, en la que se asegura que Emilio​ Tapia Aldana estaría saliendo del penal de manera irregular, en un mismo vehículo y con la presunta anuencia de la dirección y la guardia del penal. 

Entre las pruebas ordenadas por el Ministerio Público está una inspección disciplinaria a la cárcel para establecer las condiciones de Tapia Aldana en el centro de reclusión y si existen las autorizaciones de salida del establecimiento a diligencias judiciales o citas médicas. 

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También el récord de ingresos del vehículo denunciado por el periodista, los videos de seguridad que registran entradas y salidas de personas y vehículos y el listado de los integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia, con el detalle de sus horarios y funciones.

Con la información recaudada, la Procuraduría definirá si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria e identificará los posibles autores de la falta disciplinaria.

Tapia es señalado de cometer irregularidades en medio de la suscripción del contrato entre MinTIC y Centros Poblados, con el cual se pretendía llevar conectividad a las escuelas de regiones alejadas del país.

Fue imputado con los cargos de falsedad en documento privado por las garantías presentadas al Banco Itaú, así como de fraude procesal por las garantías de cumplimiento y acta de inicio del contrato. Según indicaron las autoridades, se dedicó a lavar dinero para políticos y contratistas involucrados mediante empresas fachada a su nombre. Ante este hecho. fue condenado a una pena de 17 años de cárcel-

Redujeron su pena a 7 años y 5 meses de prisión luego de alcanzar un acuerdo con la justicia, por aceptar los cargos y ayudar en la investigación, revelando nombres del entramado de funcionarios públicos y contratistas detrás del ‘Carrusel de la contratación’.