La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Minas y Energía, por una aparente omisión en el giro de los subsidios que el Gobierno nacional debía girar durante el 2024 a Puerto Carreño, Vichada, hecho que aparentemente ocasionó que el pasado 2 de enero se suspendiera el suministro de energía eléctrica a la ciudad.

Para el órgano de control, del análisis de los hechos, registrados en distintos medios de comunicación, se “extracta que podrían existir irregularidades de orden disciplinario”, razón por la cual abrió la indagación con el propósito de identificar e individualizar a los posibles autores de la falta y establecer las conductas que pudieron cometerse. 

Entre otras pruebas, el Ministerio Público requirió al Ministerio de Minas y Energía un informe detallado sobre el giro de recursos, por concepto de subsidios, que el Gobierno debía realizar desde abril de 2024 para que las empresas generadoras de energía suministraran el servicio a la capital del Vichada. Igualmente, solicitó información sobre los funcionarios que tenían asignada la competencia para cumplir esa función. 

Como se sabe, el pasado 2 de enero el municipio de Puerto Carreño permaneció 24 horas sin servicio de energía eléctrica. Al respecto, el gobernador del departamento de Vichada, Álex Benito, denunció que la falta de pagos por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de Minas y Energía impactó gravemente a la operadora local, Electrovichada, y a los proveedores de combustible, lo cual originó el corte en el suministro del servicio.

Falta de pago a la empresa de energía 

En este sentido, las autoridades departamentales explicaron que todo se debió a que la empresa distribuidora de combustibles Terpel suspendió el despacho de diésel debido a una deuda acumulada de $4.600 millones, mientras que Refoenergy Bita S.A.S. ESP, encargada de generar energía a partir de biomasa, detuvo sus operaciones por falta de recursos.

Los cortes de energía produjeron la pérdida de toneladas de alimentos y afectaciones en la salud de los habitantes de la capital del Vichada, debido a las altas temperaturas que se registran en esa zona del país.

Luego de una larga espera, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, hizo algunas salvedades, desde su cuenta de X, frente a los acuerdos alcanzados para superar la contingencia. “Es necesario informar que existe un problema estructural en las finanzas de la empresa que es fundamental atender y que exige un proceso de modernización para poner a dicha empresa (cuya propiedad mayoritaria y por tanto responsabilidad es del departamento) en función de la transición energética justa para la región”.

El alto funcionario agregó que “la empresa tiene una fuerte dependencia con generación de energía diésel, por una parte, y un contrato con una empresa que por diferentes motivos ha presentado problemas en el abastecimiento en otras oportunidades”.

Por último, sostuvo que “desde el ministerio adelantamos durante 2024 los estudios y diseños para una granja solar que pueda sustituir y superar los problemas de generación de energía. Lamentablemente dichos diseños tardaron debido a que Electrovichada cometió errores estructurales en su formulación y tuvimos que reiniciar el proceso desde el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas”.

Sin embargo, la empresa Electrovichada emitió un comunicado donde explica que, pese a las mesas de trabajo realizadas por el Ministerio de Minas, la Superintendencia de Servicios Públicos y otras entidades, aún no se ha logrado una solución definitiva y que sigue pendiente de un giro destinado a subsidiar a su proveedor de energía por los servicios prestados desde marzo de 2024, que es superior a los $1.000 millones. Posteriormente, recordó que no se realizó un pago con fecha de octubre de 2024 de más de $4.000 millones a Terpel.