Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciarán en la Corte Internacional la falta de diligencia por parte del Gobierno para frenar la violencia

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en conjunto con organizaciones aliadas de derechos humanos, participará en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denunciará los actos de violencia de los que son víctimas los defensores de derechos humanos (DDHH) y líderes sociales en Colombia.

Las organizaciones participantes de esta audiencia, que se realizará en Washington, Estados Unidos, expondrán ante la CIDH el impacto y los efectos de las amenazas y las agresiones contra estas personas, la necesidad de desarrollar políticas públicas para frenar dichos ataques y la urgencia de investigar a fondo este fenómeno. 

En ese sentido, la abogada defensora de derechos humanos y vicepresidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Jomary Ortegón Osorio, le manifestó a la Agencia Anadolu que “las organizaciones de derechos humanos mantenemos la preocupación por la impunidad en que se encuentra la mayoría de las agresiones contra defensores y defensoras de DDHH”. 

Si bien en agosto de 2016 la Fiscalía trazó una estrategia específica de investigación para los casos de agresiones contra defensores, Ortegón ve con preocupación que dichas medidas no sean suficientes. 

Según la abogada, existe una discusión sobre la manera en la que se presentan los resultados por parte de la Fiscalía en relación con las agresiones.

“En esta estrategia investigativa vemos varias falencias -dice Ortegón-: la primera es que se han priorizado los homicidios, y por supuesto que las violaciones al derecho a la vida son las más graves, pero esto ha generado que otros hechos igualmente delicados como amenaza, atentados y ataques producto de la violencia de género no sean adecuadamente indagados”, aseguró. 

“Vemos también -subraya Ortegón- que hay una atención sobre un universo reducido de los casos. Mientras que la propia Fiscalía reportaba a comienzos de este año el tener 513 investigaciones sobre homicidios a defensores y defensoras por hechos cometidos entre enero del 2016 y junio del 2019, lo cierto es que solo está entregando resultados sobre 285 casos (55%). De esos, 32 tienen sentencia (casos que se acercan al esclarecimiento). Quiere decir que, aunque la Fiscalía señala que ha esclarecido un 60% de los casos, nosotros indicamos, atenidos a esas mismas cifras, que solo ha contribuido al esclarecimiento del 6%”.

En términos de cifras, de acuerdo con los cálculos hechos por las organizaciones presentes en las audiencias de la CIDH, en Colombia la impunidad en relación a ataques, amenazas y asesinatos de líderes sociales y defensores de DDHH es cercana al 98,6%. Esto contrasta con el 60% de esclarecimiento que alega el organismo independiente adscrito al poder judicial en Colombia.

Por otra parte, añade Ortegón, “sobre la base de derechos de petición la Fiscalía nos ha contestado que actualmente conoce 6.709 casos de amenazas contra defensores de DDHH que se representan en 8.114 víctimas. Desconocemos el estado en el que están esas investigaciones. De allí que sería importante insistir en que exista un sistema público de registro que permita hacer un seguimiento juicioso a los casos citados”.

¿Hay un patrón que determine el asesinato contra estas personas en Colombia?

La respuesta es sí. Ortegón destaca que en un trabajo mancomunado entre varias organizaciones se han identificado por lo menos cuatro patrones en los casos de homicidios contra defensores de DDHH. El primero de ellos es que hay una forma selectiva de los crímenes. 

“¿Este cómo se podría reflejar? -dice Ortegón-. En muchísimos casos los asesinatos ocurren en la vivienda de las víctimas o en cercanías a su hogar, lo cual implica un trabajo previo de planeación que permite concluir que no es un suceso casual”.

“En segundo lugar -continúa- tenemos que más del 60% de las víctimas son personas que residen en comunidades rurales, que están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y en posición de desventaja frente a grupos de poder regionales. Eso, en efecto, las hace vulnerables”. 

“Un tercer elemento -acota la experta- es que se han presentado hechos de violencia repetitivos contra ciertas organizaciones reconocidas. Por ejemplo, la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, Fecode (Federación Colombiana de Educadores), la Organización Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la COCAM, entre otros”.

Estos son sectores activos socialmente que han dirigido movilizaciones y que exigen el cumplimiento del acuerdo de paz firmado entre la desaparecida guerrilla de las Farc y el anterior gobierno colombiano. Todo esto reafirma, como advierte la abogada Ortegón, que no estamos ante casos de ataques aleatorios, sino ante una violencia dirigida contra las mencionadas organizaciones y sus miembros. 

Además, manifiesta Ortegón, existe un cuarto modelo de violencia basado en el género, tanto de mujeres como de personas que defienden los derechos de la población LGBTI. Según las cifras del programa Somos Defensores, en el primer trimestre del 2019 se duplicó el porcentaje de mujeres defensoras asesinadas. Estas muertes ocurrieron en condiciones de sevicia y violencia extrema. 

¿El asesinato de líderes sociales no es una prioridad del gobierno Duque?

Desde la firma del acuerdo de paz en el 2016, el asesinato y todo tipo de agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia se ha mantenido como un punto focal de preocupación para el cumplimento efectivo del pacto.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo resalta que desde enero de 2016 hasta mayo de este año se han registrado 480 homicidios de defensores. Conjuntamente, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH), alertó que en los últimos años se incrementaron las acciones violentas contra estas personas: en 2013, 366; en 2014, 626; en 2015, 682; en 2016, 481; en 2017, 560 y en 2018, 805 casos de violencia.

Frente a este panorama, Diana Sánchez, miembro de la Asociación Minga, comenta que “no se entiende, no se entenderá en ninguna parte del mundo, cómo estando supuestamente en un periodo de transición entre la guerra y la paz se tenga conocimiento de tantos casos de defensores de DDHH amenazados, atacados y asesinados”.

Esto sucede, según Sánchez, porque no se respetan los puntos del acuerdo de paz que velan por generar un marco de políticas de garantías para el liderazgo social en Colombia. 

“Infortunadamente todo ese paquete que se encuentra en el punto tres y cuatro del acuerdo de paz, el gobierno de (Iván) Duque no lo está llevando a cabo. Al no implementarlo y desconocerlo propicia que el daño a los defensores continúe. Así que el gobierno tiene una altísima responsabilidad, sino toda, en que siga ocurriendo este tipo criminalidad contra los defensores de derechos humanos”, asegura Sánchez.

Así las cosas, concluye la funcionaria de la Asociación Minga, "el Estado no actúa, la Fiscalía no investiga, la Procuraduría tampoco hace su trabajo y el gobierno no hace cumplir lo pactado en La Habana (Cuba)".