Después de que el Juzgado 9 Administrativo del Circuito de Bogotá suspendiera la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por diez del exdirector de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, Néstor Guillermo Franco González, la Procuraduría impugnó dicha decisión. 

El Ministerio Público pidió que se anulara el falló, ya que argumenta que durante el proceso se le dieron todas las garantías a Franco y no se violaron sus derechos fundamentales, como lo había asegurado el exfuncionario en la tutela que radicó. 

Franco había solicitado la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, el buen nombre y derechos políticos por la suspensión proferida por la Procuraduría.

Cabe recordar que el pasado 19 de diciembre, el ente de control confirmó la sanción a Franco por presuntas irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía -PTAR II-

La decisión de segunda instancia de la Procuraduría estableció que el convenio suscrito en 2015 por la CAR con la Empresa de Servicios Públicos de Chía (Emserchía) y la Alcaldía del municipio, por más de $35.000 millones, no se encontraba en condiciones de ser ejecutado

Asimismo, consideró que los estudios y diseños para iniciar las obras fueron elaborados en el 2011 y por lo tanto, eran obsoletos para ejecutar el proyecto, lo que ocasionó modificaciones al convenio y un reajuste en el valor de los trabajos, que ascendió a $62.875 millones.

La Procuraduría dijo entonces que se habría quebrantado el principio de planeación en la ejecución de las obras, porque no se habrían tomado las medidas necesarias para asegurar la construcción de la planta en los términos y valores inicialmente previstos.

También se habría vulnerado los principios de moralidad y legalidad, toda vez que no se habrían respetado las normas que obligaban a las partes a tener los estudios y diseños adecuados antes de firmar el convenio de construcción.