La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que la masacre de El Tandil, en la que siete manifestantes murieron como consecuencia de la represión policial ocurrida durante una protesta en 2017, continúa impune, por lo que ha instado a las autoridades colombianas a "garantizar investigaciones independientes e imparciales" en contra de los agentes supuestamente responsables.

Este lunes, HRW y Robert F. Kennedy Human Rights ha intervenido ante el Tribunal Constitucional, cuatro años después de la masacre, para denunciar que "continúa impune" y para llamar al tribunal a que la investigación se adelante en la justicia penal ordinaria, y no en la justicia penal militar, que es donde se encuentra actualmente.

En el escrito presentado por las dos organizaciones, también recuerdan las obligaciones de Colombia de proteger y respetar el derecho a la asamblea pacífica, así como de asegurar los derechos de las víctimas a obtener justicia.

Los hechos ocurrieron en la vereda El Tandil, en el departamento de Nariño, e inicialmente la Policía aseguró que los manifestantes habían muerto después de que el Frente Oliver Sinisterra --un grupo de las disidencias de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-- lanzara "al menos cinco cilindros bomba" y luego "atacara con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras" a manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad.

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No obstante, la Defensoría del Pueblo recogió testimonios de testigos que señalaban que el Frente Oliver Sinisterra no había atacado a los manifestantes sino que estos "fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos". Los testigos sostuvieron que "no hubo intervención de grupos armados" y la Defensoría señaló que no pudo encontrar evidencias de los efectos que producen las bombas cilindro.

En 2019, la Fiscalía imputó por homicidio agravado a los comandantes de la Policía y del Ejército responsables de la operación. En el marco de esta imputación, un fiscal confesó a Human Rights Watch en 2018 que él y sus colegas se habían enfrentado a dificultades para identificar a los autores materiales debido a que la Policía retrasó el acceso por parte de los investigadores a información sobre la operación.

Meses después, un juez de Nariño ordenó que el caso fuera remitido a la justicia penal militar donde hasta ahora ha habido escasos avances, y ningún oficial ha sido llevado a juicio en relación con la masacre, han criticado las dos ONGs.

"La investigación sobre la masacre de El Tandil ha estado marcada por mentiras y demoras", ha lamentado la presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights, Kerry Kennedy, que ha urgido a las autoridades colombianas a garantizar que exista una investigación "independiente e imparcial".

Los manifestantes de El Tandil estaban protestando contra la erradicación forzada de coca y las demoras en la implementación de planes previstos en el Acuerdo de Paz con las FARC para proveer asistencia económica y técnica a campesinos en materia de sustitución de plantaciones de coca por alimentos.

En este sentido, las organizaciones han denunciado que los esfuerzos gubernamentales para adelantar estos planes siguen siendo lentos. Muchos campesinos plantan coca porque es el único cultivo rentable debido a los pobres mercados locales de alimentos y la falta de vías adecuadas y de títulos de propiedad formales sobre la tierra.

Además, han exigido a la Administración colombiana "tomar medidas urgentes para proteger los derechos de los manifestantes, así como de los campesinos vulnerables que frecuentemente cultivan coca bajo presión de grupos armados", ha señalado el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

"Garantizar justicia por la masacre de El Tandil sería un paso esencial, pero ello no ocurrirá mientras la investigación se encuentre en manos de la justicia penal militar", ha matizado Vivanco.