Cerca de la mitad de los artículos del proyecto anticorrupción que busca generar cárcel efectiva para los condenados por corrupción para que no puedan tener beneficios como prisión domiciliaria han sido evacuados por las comisiones conjuntas primeras del Congreso que adelantaron ayer su primer y tercer debates.

La discusión del resto del articulado se prevé que será reanudada hoy.

Esta fue la iniciativa que se hundió al final de la legislatura pasada debido a que no fue conciliada por las dos cámaras y que nuevamente se radicó con mensaje de urgencia por el presidente Iván Duque el pasado 20 de julio, durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso.

La medida propone la penalización de nuevas formas de criminalidad o adecuaciones de los delitos, penaliza la omisión de denuncia cuando los particulares no adviertan de delitos de corrupción de los que tengan conocimiento, sanciona a las personas que sirvan de testaferros, es decir que presten su nombre para adquirir u ocultar bienes con dineros procedentes de la corrupción, penaliza a los profesionales que presten sus servicios para evitar la identificación o rastreo de propiedades o dinero que tengan origen ilícitos.

Además, se tipifica como concierto para delinquir agravado las actuaciones contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. En este punto, además de multas, se propone cárcel de ocho a 18 años.

El proyecto de ley en materia de cohecho aumenta la pena en un 50% cuando el valor del cohecho sea mayor a 100 salarios mínimos. Igual sucede con el delito de enriquecimiento ilícito de servidores o exservidores públicos, en el que si la cuantía supera los 100 salarios mínimos la pena se aumentará en la mitad.

Pliegos tipo

El otro proyecto anticorrupción que también se tramita actualmente, el cual busca extender los pliegos tipo a toda la contratación del Estado, tuvo un aplazamiento debido a que varios parlamentarios solicitaron tiempo para analizar los cambios que le fueron introducidos por una subcomisión que se reunió horas antes de la sesión.

“Este es un proyecto que se desprende de la consulta anticorrupción. Está para su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes”, explicó la representante Juanita Gobertus, de la Alianza Verde, quien anotó que el lunes “la plenaria tomó la decisión de crear una subcomisión. Estuvimos reunidos a lo largo de la tarde, logramos una proposición sustitutiva entre la mayoría de los representantes que estábamos ahí sentados. Es una proposición que aunque insiste en la importancia en la transparencia en la contratación garantiza que tengamos en cuenta las diferencias territoriales. Que entendamos que así como no queremos un sastre a la medida del contratista, así tampoco un sastre hecho desde Bogotá que luego en las regiones no aplica a las realidades locales y rurales que no son las mismos. Discutiendo con distintos asesores, expertos, llegué a la conclusión de que la proposición sustitutiva era la adecuada”.

“Me preocupó mucho que al llegar a la plenaria la decisión de la mesa directiva, luego de escuchar algunos representantes, fue levantar la sesión de hoy y citar a la de mañana que es una sesión a cargo de la oposición. Desde los partidos de oposición dijimos que queríamos modificar el orden del día para incluir en la sesión de mañana el tema de pliegos tipo y la mesa se opuso. Con lo cual, quedamos con la posibilidad de que debatamos el proyecto el jueves, pero tenemos un riesgo inminente y es que el Gobierno ha anunciado que la reforma tributaria se discuta en la plenaria el jueves. De no ser posible es debate el jueves, y si el gobierno no lo incluye en el decreto de extras, que seguramente convocará, nuevamente este proyecto de pliegos tipo quedaría aplazado hasta marzo”, agregó la parlamentaria que indicó que los parlamentarios venían “trabajando con una dinámica importante, que nos habría permitido que se aprobara hoy o mañana. Lamento la decisión de la mesa directiva de no cambiar el orden para mañana”.