El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) publica este martes en Cúcuta el informe ‘Exilio colombiano: huellas del conflicto armado más allá de las fronteras’, donde se expone la situación de más de 400.000 personas que cruzaron las fronteras de su país para huir del conflicto y quienes se encuentran en el extranjero.

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que el conflicto colombiano traspasó sus fronteras y se instaló en Panamá, que acogió en la zona del Darién a miles de personas que buscaban refugio y huir de la violencia desatada por los grupos paramilitares que pretendían quitarle el control territorial a las guerrillas en el Urabá colombiano.

“En un escenario de abierta confrontación entre los actores armados, marcado por una crisis migratoria generada como consecuencia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, Panamá experimentó en su propio territorio los efectos transfronterizos de una guerra ajena”, describe el informe.

El CNMH menciona que entre 1996 y 2004 hubo una crisis humanitaria de centenares de personas que llegaron, de manera individual y masiva, a diferentes rincones de la zona del Darién panameño. “Después de tantos años, es difícil saber dónde se encuentran, pues si bien muchos han permanecido en el territorio fronterizo, muchos otros se han desplazado a lo largo y ancho del territorio panameño o han regresado a Colombia”, asegura.

La publicación detalla que los grupos armados colombianos realizaron incursiones en territorio panameño, lo que ocasionó una crisis binacional y evidenció una realidad que se ha desconocido: la guerra en Colombia cruzó sus fronteras.

El informe también se refiere a las situaciones de xenofobia y discriminación que pasaron cientos de colombianos en el marco del cierre a la frontera decretado por el Gobierno de Venezuela en agosto de 2015.

Los investigadores del CNMH encontraron que el cierre causó uno de los movimientos migratorios más fuertes de la historia reciente en la frontera de Venezuela y Colombia: la deportación de unas 2.000 personas y el retorno masivo de más de 22.000, entre los que se encontraban cientos de exiliados por el conflicto.

“Aunque entre los deportados y retornados se encontraban exiliados, varios de los cuales tenían derecho a la protección internacional en Venezuela, la respuesta institucional a esta crisis humanitaria no abordó esta problemática”, indica el Centro de Memoria.

El informe concluye que el exilio representaría el segundo hecho victimizante con mayor número de personas afectadas debido al conflicto armado colombiano después del desplazamiento forzado interno.

El CNMH asegura que Colombia es la nación latinoamericana con el mayor número de personas que permanecen en una situación similar a la de los refugiados que aún no han sido reconocidos de manera oficial.

La organización añade que los exilios colombianos se han dado por formas de violencia sistemática contra las personas por su pertenencia a un determinado grupo social, étnico, por sus opiniones políticas o por oponerse a ser parte del conflicto.

Los relatores de la investigación encontraron dos tipos de persecuciones causantes del exilio de la población colombiana: las individuales y las colectivas. El primer caso se caracterizó porque las amenazas y ataques fueron dirigidos en mayor medida a personas con algún tipo de liderazgo, como escritores, políticos, periodistas, profesores y estudiantes.

El tipo de persecución colectiva, por su parte, se dio a partir de una violencia sistemática contra diversos grupos, organizaciones o comunidades de la sociedad civil.

Juan Pablo Luque, uno de los relatores del informe, menciona a la Agencia Anadolu que el informe muestra la magnitud del conflicto más allá de sus fronteras y reconoce al exilio como una forma de violencia que afectó las vidas de miles de personas que decidieron buscar un mejor destino fuera de su país.

Luque enfatiza que el informe no solo revela los motivos que causaron la migración de colombianos perseguidos por el conflicto, sino que muestra las adversidades que tuvieron que pasar cientos de ciudadanos de su país en las naciones que los acogieron.

El relator indica que el Estado colombiano solo se fija en los motivos de la salida del país de los exiliados y no estudia los obstáculos del retorno y “la experiencia que supone ser un exiliado en un país como Panamá, Ecuador y Venezuela, que son los que más albergan a esta población”.

Según el investigador, en la construcción del informe se descubrió que el principal problema de los exiliados es el acceso a documentos de identidad para desenvolverse al país al que llegan.

Luque añade que los exiliados piden políticas de reinserción en la sociedad colombiana para que aquellos que decidan retornar no sientan que están abandonados. “El Estado tiene que hacer un plan mancomunando a nivel regional para identificar cuales han sido los impactos del exilio. Colombia sola no es capaz de hacerlo, necesita ayuda de los países que han acogido a su población”, menciona.

La cifra de exiliados se refiere a estimaciones del CNMH pero podría ser superior, según Luque, quien resalta que “hay muchas personas que por el miedo o el mismo desconocimiento decidieron permanecer invisibles”.

El relator detalla que el aproximado de exiliados, de más de 400.000, se basa en cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnur) que en 2007 registró unos 552.000 colombianos refugiados y que en 2016 situó esa cifra en 311.000 personas.

El informe será presentado el próximo viernes en Quito; el 12 de septiembre en Ciudad de Panamá, y el 20 de septiembre en Bogotá.