Un total de 38 hallazgos administrativos por valor de $14.150 millones, de los cuales seis tienen presunta incidencia fiscal, reportó ayer la Contraloría General de la República al concluir una actuación especial de fiscalización realizada a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), sobre sociedades y establecimientos de comercio que administra en el Valle del Cauca, Magdalena y Bogotá. 

El organismo de control detalló que los seis hallazgos fiscales se configuraron en la administración, supervisión y control de igual número de sociedades. Es el caso de Gran Muelle, por $5.319 millones, por cánones de arrendamiento vencidos. Esto produjo un deterioro de la cartera. 

 La Sociedad APVA, hallazgo fiscal por $5.689 millones, por la misma situación anterior. También la Sociedad Vaselinas Industriales de Colombia, hallazgo fiscal por $36.805.000 por pago de intereses de mora y retenciones en la fuente.

Además la Sociedad Valle Nevado, hallazgo fiscal por $33.870.000 por concepto de intereses moratorios, sanciones por extemporaneidad y multas de la DIAN y Secretaría de Hacienda de Bogotá. La Sociedad Inversiones Camacho Estupiñán, hallazgo fiscal por $3.312.464 por multa de la Superintendencia de Sociedades, pago que se realizó con cargo a la productividad de la sociedad.  

Finalmente, la Sociedad Typsa, hallazgo fiscal por $3.068 millones, dado que a través de su depositario provisional castigó cartera sin haber adelantado las acciones correspondientes para la recuperación efectiva de la misma.

Le puede interesar: Abren investigación por accidente de Egan Bernal

Las sociedades revisadas y analizadas están siendo administradas bajo la figura de depósito provisional, explicó la Contraloría General. 

De acuerdo a la muestra revisada y analizada, se determinó que de 23 sociedades activas en proceso se extinción de dominio, ocho son improductivas y 15 están cumpliendo con su objeto social y son productivas.  

En la auditoría se estableció que en la mayoría de los casos las gestiones adelantadas por los depositarios provisionales han sido deficientes, negligentes, antieconómicas, inoportunas, ineficientes e ineficaces, afectando en algunos casos el cumplimiento del objeto social y la productividad de las sociedades que administran, presentándose el riesgo de disolución y liquidación de las mismas. 

De los 38 hallazgos administrativos detectados, 33 presentan presunta incidencia disciplinaria, uno connotación penal, y seis son de carácter fiscal por $14.150.899.971, y hay dos con otras incidencias.