Con hallazgos fiscales por $55.195 millones concluyó una Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General a la conectividad en las instituciones educativas de seis departamentos del país (La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Santander), así como el municipio de Acacías (Meta) y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (Emtel).

Adicionalmente, se envió a indagación preliminar lo relacionado con 3 contratos, desarrollados en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander, donde se evidencian presuntas situaciones irregulares hasta por un valor de $11 mil millones.

El objeto de la Actuación Especial fue mirar cómo se había contratado el servicio de conectividad, es decir el internet que se adquirió en las Instituciones Educativas de estos departamentos, para lo cual se analizó una muestra de $157.745 millones, 12 proyectos y 25 contratos (aproximadamente por cada proyecto se auditaron 2 contratos).

“Es importante destacar que, de los 25 contratos auditados, el 80% corresponde a una sola empresa (Funtics), según se pudo determinar a través de la plataforma Océano de la CGR. Aquí se configura un caso claro de una malla empresarial, dada que la firma citada hace presencia en 16 departamentos”, señaló el organismo en un comunicado.

El total de hallazgos fiscales encontrados equivale al 35% de la muestra auditada.

“Mega Hallazgos”

En general, se manejaron en esta Actuación Especial 7 modelos de hallazgos relacionados con el tema de conectividad:

Pagos por períodos de inactividad económica: El primero fue el de pagos por períodos de inactividad académica. En este caso, se determinaron hallazgos fiscales por $9.405 millones. “Se pagaron 599 días de conectividad, que realmente nunca se prestaron”.

Doble conectividad: Un segundo modelo de hallazgo es de la doble conectividad, es decir que las instituciones educativas contaban con un servicio de internet, que había sido suministrado por el Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio de las TIC. Sin embargo las Gobernaciones contrataron una nueva instalación, generando un posible detrimento patrimonial por $9.294 millones.

La Contraloría encontró que hubo 822 Instituciones Educativas que tenían al menos un proyecto de conectividad con el Ministerio de Educación o con el MINTIC.

Pago por servicio no prestado: También se dieron hallazgos por pagos de servicios no prestados: la Contraloría verificó quiénes fueron los proveedores de los contratistas, o sea a qué operadores de telecomunicaciones les compraron su servicio de conectividad.

Sobrecostos: Se encontraron igualmente sobrecostos. En un solo contrato los sobrecostos del valor del mega comprado llegaron a $ 1.664 millones. El precio que le cobraba el contratista a la Gobernación era un 65% superior frente a lo que este les pagaba a sus operadores.

Intermediación innecesaria: También hubo un hallazgo fiscal por $2.030 millones, por intermediación innecesaria. La Gobernación adquirió un servicio de conectividad con un contratista, que a su vez lo subcontrató con quien finalmente lo prestó.

Fallas en interventoría: Para la Contraloría, los hallazgos antes relacionados denotan una falta absoluta de idoneidad y de control en los procesos de interventoría de los contratos. En interventoría se encontraron hallazgos fiscales por $6.535 millones.

Continuo desuso de software (“elefantes blancos” virtuales): Finalmente, la Contraloría realizó unas valoraciones sobre contratación de software en dos casos y se encontró lo que se puede llamar “Elefantes Blanco Virtuales”, o sea casos donde se pagó por un software que nunca se izó.

Esto se determinó en 2 proyectos, uno en Nariño y uno en Santander, donde hay clara evidencia de “Elefantes Blancos Virtuales” por $15.315 millones.

En ambos casos, se contrató software para prestar capacitaciones a estudiantes y educadores y se pudo establecer que los mismos ingresaron una vez a los contenidos de las plataformas y nunca lo volvieron a hacer.

En el departamento de Nariño, en el convenio GN1737 de 2013 se presentaron 3 hechos: la plataforma tecnológica nunca se implantó en los colegios beneficiarios del proyecto; ninguna de las 750 Instituciones Educativas tuvo conectividad a internet, para acceder a la plataforma; y, por si fuera, la plataforma fue hackeada perdiéndose toda la información contenida allí. Tales situaciones generaron un presunto detrimento patrimonial por $8.433 millones.

Finalmente, la entidad anunció que en materia de conectividad y software, la Contraloría Delegada de Regalías para TICS auditará este año más de $100 mil millones, de los cuales un porcentaje importante corresponde a la empresa Funtics.