Mediante un extenso comunicado enviado a los medios de comunicación, el Grupo Aval y Corficolombiana, le salieron ayer al paso de lo que consideran ‘interpretaciones y comentarios equivocados’, sobre el acuerdo que firmaron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional de Valores de ese mismo país (SEC, por sus siglas en inglés).

Al precisar el holding empresarial y sobre la naturaleza del acuerdo con el Departamento de Justicia y la ley americana, explican que “un “Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido” (conocido como un DPA por sus siglas en inglés) es un tipo de acuerdo entre el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y una compañía, por medio el cual el DOJ presenta cargos penales contra la compañía, pero acepta suspender el proceso de esos cargos por un período de tiempo (generalmente tres años) siempre y cuando la entidad acepte cumplir ciertos requisitos o condiciones. Si la compañía cumple esas condiciones, el DOJ desestimará los cargos. La celebración de un DPA termina la investigación del DOJ con respecto a esa compañía en particular. En este caso, en tres años, el DOJ desestimará el cargo en contra de Corficolombiana (CFC) siempre y cuando CFC cumpla con las obligaciones del DPA durante ese periodo. Dichas obligaciones incluyen el pago de una multa pecuniaria por parte de CFC (US$20.3 millones) y el cumplimiento de ciertos requisitos relacionados con reportes periódicos y de compliance, tal como aparecen descritos en el DPA, el cual está disponible públicamente”.

Sin sanciones

Sobre si siendo un acuerdo de enjuiciamiento diferido, se puede afirmar que hoy no existe sentencia o sanción penal o criminal en firme contra Corficolombiana, señala que “el DPA no es una condena penal (...) Bajo la ley americana, Grupo Aval y Corficolombiana no han sido condenados de ningún crimen, ni por el DOJ y ni por la SEC”.

Al referirse sobre cuál es la naturaleza del acuerdo con la Comisión Nacional de Valores, el Grupo Aval sostiene que “una Orden de Cease and Desist (acuerdo firmado con la SEC) es un tipo de acuerdo celebrado entre la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (conocida como la SEC por sus siglas en inglés) y una compañía, para concluir una investigación de la SEC. Es una orden civil-administrativa impuesta por la SEC, y no es un documento presentado ante una corte. La Orden instruye a la compañía que “cese y desista” (en otras palabras, se abstenga) de cometer o causar cualquier violación mencionada en la Orden o de cometer cualquier violación futura al FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). En la Orden de Cease and Desist de este caso no hay ninguna acusación de que Grupo Aval o CFC estén actualmente violando el FCPA. Tal como lo indica la Orden, la conducta cometida por el ejecutivo de CFC terminó en 2016. Bajo la ley americana, Grupo Aval y CFC no han sido condenados de ningún crimen, ni por el DOJ y ni por la SEC”.

Referente a si el pago efectuado con ocasión del acuerdo con la SEC, en estricto sentido corresponde a una sanción, una multa o es una devolución de una utilidad indebida, el comunicado indica que “como parte del acuerdo negociado con la SEC, Grupo Aval/Corficolombiana acordaron hacer una “devolución de beneficios obtenidos” (beneficios calculados de acuerdo con las normas americanas; la devolución es llamada disgorgement bajo la ley americana) sumando un total de $32.1 millones, más intereses de $8.1 millones”.

No a corrupción

Respecto a si el Grupo Aval y Corficolombiana admitieron en sus acuerdos con las autoridades americanas haber pagado sobornos a funcionarios del Gobierno colombiano, manifiestan que “los acuerdos con el Departamento de Justicia y la Comisión Nacional de Valores, no contienen ninguna acusación de conocimiento o intención corrupta contra ningún funcionario, director o accionista de Grupo Aval, ni contra ningún funcionario, director o accionista de Corficolombiana (CFC), salvo contra el ejecutivo antiguo de Corficolombiana. Ni la SEC ni el DOJ han acusado a Grupo Aval de haber participado en hechos de corrupción. El único reclamo que la SEC hizo contra Grupo Aval es que, como resultado de la conducta del antiguo ejecutivo de CFC, Corficolombiana hizo que Grupo Aval infringiera las disposiciones de libros, registros y controles contables internos de la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)”.

Precisan, asimismo, que “los señalamientos contra Corficolombiana consisten en que el antiguo ejecutivo de CFC estuvo de acuerdo con el esquema de corrupción liderado por Odebrecht a través de la Concesionaria Ruta del Sol (CRDS) y el Consorcio Ruta del Sol (Consol) con relación a la adición de Ocaña-Gamarra. Los hechos mencionados en los documentos resolutivos incluyen información entregada por terceros a las autoridades americanas en el transcurso de su investigación acerca de la conducta del antiguo ejecutivo de Corficolombiana; tales hechos fueron descritos a Corficolombiana por el DOJ y la SEC”.