Sí existen las grabaciones de las interceptaciones realizadas al fallecido ganadero José ‘Ñeñe’ Hernández en las que supuestamente se habla de compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque.

Así lo manifestó este fin de semana la Fiscalía a través de un comunicado, en el que anunció que esas comunicaciones “serán remitidas a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, y al Consejo Nacional Electoral para complementar la compulsa de copias hecha el pasado 9 de marzo”.

Varios dirigentes políticos habían desestimado el contenido de las interceptaciones alegando que las grabaciones no existían.

Hernández fue asesinado el año pasado en Brasil, donde un mes después fue señalado como testaferro del narcotraficante y contrabandista guajiro ‘Marquitos’ Figueroa. Por la época de su muerte, en mayo, el teléfono de Hernández estaba siendo interceptado como parte de una investigación por el homicidio del hijo de un sastre barranquillero.

La Fiscalía en su comunicado aclaró que “los audios de las conversaciones telefónicas conocidas, a través de los medios de comunicación, y que corresponderían a las intercepciones hechas a un número vinculado al proceso por el homicidio” de Óscar Eduardo Rodríguez “nunca estuvieron en poder” del ente acusador, sino que “permanecieron en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dijín) y jamás fueron remitidos a la Fiscalía”.

El organismo judicial precisó que ubicó los audios “luego de realizar inspección judicial a la sala técnica de comunicaciones de la Dijín”, diligencia que ejecutada el jueves y en la que fue localizado “el contenido de las interceptaciones hechas entre el 26 de mayo y el 19 de noviembre de 2018. En el procedimiento se cumplieron otras actividades investigativas, entre ellas, entrevistas a funcionarios de la Dijín que participan en las indagaciones que realiza la Fiscalía por el homicidio” de Rodríguez.

Con la ubicación del material digital un fiscal de conocimiento avanzará en el análisis e impartirá las respectivas órdenes de policía judicial para identificar a los interlocutores, los eventuales hechos delictivos y establecer las responsabilidades penales que correspondan a los participantes en las comunicaciones telefónicas y otras personas.

Según el fiscal Francisco Barbosa, la Fiscalía llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer con total transparencia lo relacionado con este asunto.

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, una investigación previa le abrió al senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, la Sala de Instrucción de Corte Suprema de Justicia a partir de una denuncia del periodista Gonzalo Guillén y el abogado Daniel Mendoza en la que le atribuyen al congresista presuntas conductas contra los mecanismos de participación democrática.

El anuncio lo hizo el presidente de la Corte, Jorge Luis Quiroz, quien indicó que “se ha iniciado una indagación preliminar en contra del expresidente y senador Uribe por las renuncias de dos ciudadanos. Eso está en manos de la Sala de Instrucción pertinente. Tendremos que mirar si hay lugar a iniciar la investigación formal. El magistrado del caso es quien evalúa la situación”.

Ese magistrado es Misael Rodríguez de la Sala de Instrucción.

El vicepresidente del alto Tribunal, Luis Antonio Hernández, explicó que los casos contra congresistas se rigen por la ley 600 del 2000: “Esas investigaciones están a cargo de la Sala de Instrucción. Y siempre que hay una denuncia, el magistrado a cargo del caso ordena pruebas y en un momento establece si con el sustento probatorio existente se justifica o no la iniciación de un proceso penal. Puede que el proceso termine con una resolución inhibitoria, o si se encuentra mérito para iniciar una investigación en contra de un congresista se dicta la resolución pertinente que es una resolución de apertura. El magistrado a cargo del caso solicitará pruebas y evaluará si inicia o no inicia proceso penal”.

En una de esas grabaciones, Hernández habla con una mujer identificada como ‘MD’ (quizás María Claudia Daza, asesora en la UTL del senador Uribe).

Con base en la grabación, Guillén y Mendoza denunciaron a Uribe por los delitos de corrupción al sufragante y presunta financiación ilegal de campañas electorales.