CONTINÚAN LAS diferencias entre alcaldes de la costa caribe y la empresa Air-e por el servicio de energía eléctrica, las deudas y la ilegalidad son los problemas que solicita la empresa se resuelvan, y los alcaldes discuten que el servicio no se restrinja.

La situación provocó la intervención del gobierno, al evidenciar que los alcaldes y las directivas de la empresa no lograron acuerdos para solucionar una crisis que tiene a los municipios al borde de enfrentamientos violentos en las calles contra Air-e por parte de los usuarios del servicio.

El ministro de Minas Andrés Camacho, representantes de la CREG, y Jussi Zelaya, directora General de Control de Energía de Air-e, sostuvieron una reunión en Bogotá para acordar soluciones a la problemática en la costa caribe.

Al respecto, el gobierno a través del Ministerio de Minas y la CREG, pretenden empujar la resolución que desfragmenta el precio de la producción de energía que se incrementó por el IPP entre 2021 y 2022 y que aumentó el costo del servicio en los barrios subnormales.

Además, se le pidió a la compañía un plazo de 10 días para que las poblaciones endeudadas logren un espacio de recaudo que permita levantar el corte del servicio y el pago de una parte del dinero que los municipios le deben a Air-e.

Problemas por energía

El servicio de energía eléctrica en Barranquilla y la costa caribe tiene al borde de una crisis a la empresa Air-e, las administraciones municipales, departamentales y a los usuarios. Por cuenta del costo del servicio y la mala calidad del mismo, además de las altas deudas de los usuarios y que de manera reiterada la empresa de energía ha solicitado a los alcaldes asumir.

Esta determinación ha generado alteración del orden público en municipios cercanos a Barranquilla por cortes en el suministro del servicio, sumado a la orden de Air-e de racionar el servicio en los sectores donde se presentan mayores deudas hasta por seis horas diarias con el propósito de bajar el consumo.

En las últimas hubo reuniones entre alcaldes y representantes de la compañía a fin de buscar soluciones al problema, pero sin resultados, la Gobernación del Atlántico fue el punto de encuentro entre los mandatarios distritales y la empresa, pero las discusiones subieron de tono al conocerse que la intención de la empresa es cobrar cerca de 76.000 millones de pesos que adeudan los usuarios pero que deben cancelar las alcaldías según exige Air-e.

Al respecto, el alcalde de Galapa Fabian Bonett, un municipio cercano a Barranquilla, aseguró que los municipios no cuentan con recursos para cubrir las deudas de los usuarios, “las finanzas de los municipios no permiten el pago de esa deuda, Galapa debe 50.000 millones a Air-e, pero no hay dinero para cancelarlos”.

Crisis en La Guajira

La empresa Air-e denunció bloqueos y amenazas contra su personal en la subestación de Maicao, La Guajira, lo que impidió la ejecución de trabajos esenciales de mantenimiento y reparación. A pesar de la suspensión temporal de cortes de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, la situación en Maicao sigue siendo crítica debido a la falta de acceso a la infraestructura clave para la prestación del servicio.

La situación en Maicao, La Guajira, se ha deteriorado debido a bloqueos y amenazas contra el personal de Air-e, la empresa encargada del suministro de energía en la región. Según reportes recientes, un grupo de personas ha bloqueado la entrada a la única subestación eléctrica en el municipio, lo que ha impedido la realización de tareas esenciales de mantenimiento y reparación.

Air-e informó que estos bloqueos han causado la suspensión temporal de varias operaciones, incluyendo la toma de lecturas y la atención de emergencias. La empresa ha expresado su preocupación por la falta de acceso a la subestación, lo que está poniendo en riesgo la continuidad del servicio eléctrico en Maicao.

La denuncia de Air-e ocurre en un contexto de tensiones adicionales, ya que algunos alcaldes del Atlántico han expresado su descontento con la empresa por los recientes cortes de energía en varios municipios. Estos alcaldes están considerando llevar sus quejas al Senado para abordar los problemas relacionados con el suministro eléctrico y sus impactos en las comunidades locales.